1ª PARTE, CAP. 13 de “BARCELONA, 30 AÑOS DE CORRUPCIÓN”, ed. 2006, Consorcio de la Zona Franca, Piqué Advocats Associats, 1975-1984

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 15-04-2012. Pasaron muchos años hasta que no recompuse la podredumbre judicial que rodeó mis tres años de prisión preventiva… sin más pruebas que unos negocios perfectamente legales con Antonio de la Rosa Vázquez…  de menor cuantía que otros muchos en mi vida empresarial, e incomparables a otros del propio Antonio… ¡tres años y condenado al tiempo pasado en prisión!, cumplí la condena antes de ser juzgado. Ninguno de esos negocios podía constituir una prueba de que yo conociera la “procedencia ilícita de los dineros…”.

Como tantas veces he repetido y repetiré en  un informe de la Brigada Regional de la Policía Judicial del 31-10-1980 se lee; “En cuanto al conocimiento que los procesados… pudieran tener de la procedencia real del dinero que Antonio de la Rosa Vázquez gastaba e invertía en tan elevadas cuantías, pese a la multitud de personas con las que se ha hablado, no se ha encontrado ninguna prueba, o siquiera indicio, a favor o en contra…”…  

Cap.13 16-1-81. El juzgado interroga a Javier de la Rosa.

Juez Especial, Álvarez. “No ha lugar” a pruebas y

citaciones. Cierra el sumario. Verdad Verdadera.

Nombramiento de Manuel Derqui, presidente de

Sala. Alfonso Hernández Pardo, Presidente de Sala

Especial.

Pag. 68

PRIMERA PARTE

Consorcio de la Zona Franca

Piqué Advocats Associats

1975-1984

13

Pascual Estevill cumplió pidiendo en recurso mi libertad, ¡faltaría más!, y en escrito del 21 de Julio de 1980 solicita que el Consorcio aporte la citada, en el auto de prisión, Censura de Cuentas del Ministerio de Hacienda. El 28 pide diligencias y cuentas bancarias, las del Banco Garriga que se negaron a aportar. El mismo 28 le contestan NO sin apelación en cuanto al atestado policial, donde Justo Aguilera me convertía en “cerebro”. Cerrando el Julio del 80 toda posibilidad de discusión sobre el auto de prisión que por toda razón y prueba señalaba unos documentos que no aparecerían jamás. Quizá Pascual Estevill ya dispusiera de amiguetes en Hacienda, como a los pocos años se demostraría, pero al igual que Guerau del Ayuntamiento, a mí no me sirvieron.

Aburrirían los detalles de tanto inútil escrito, pero el Juez de Instrucción, Miranda de Dios, se ablandaba y aceptó las declaraciones de los llamados vendedores reales de mayor importe. José M. Corominas Partagás, y el 30 de Octubre del 80 declaraba Francisca Gambús, con poca memoria, sin embargo no recibió los 380 millones firmados en el contrato. “Tantos millones, no”, se lee en la declaración. Nadie incidiría con quien negoció la venta y el contrato, un escueto “cosas de su abogado y marido”, dijo. Y en Noviembre declara María José Castañer, la francesa, aleccionada con un “nosotros éramos íntimos y engañábamos a Antonio”. La expresión provendría del propio Antonio de la Rosa. Con mi visita a París, de dominio público a pesar de la privacidad entre Antonio y yo, con la declaración de “la francesa”, se afianzaba mi sospecha que desde algún lugar, el Bufete Piqué Vidal, mi aun socio en Solares y Patrimonios SA, dirigía la función. Si su móvil salvar a los hijos, lo conseguía.

Poco más en el 80. Se detallan y aclaran los 81.187.000 ingresados en las cuentas de mis sociedades provenientes de talones de Antonio de la Rosa. Y auto del 28-11-80 denegando la libertad con expresa oposición del Ayuntamiento y del Consorcio.

Las navidades y final de año de 1980, la antítesis de 1979. Mal año cumpliendo cuarenta. De atenerme a Pascual Estevill, o mejor a Eduardo Soler Fisas, los primeros meses visitándome con asiduidad, con detalle de autos y recursos, aún acentuando lo “político” del caso, decía que el instructor dudaba, sus escritos abrían brecha, y pudiera sorprendernos una libertad con fianza para el próximo año. La esperanza siempre se ha de mantener en el cliente que paga. Algo de razón tendría, por fin se citaba a Javier de la Rosa Martí para el 16 de enero del 81, el mismo día declararía Francisca Esteve Triadó, vendedora por 258 millones. Se abría camino.

Declaró Javier, y pesando el apellido y las acusaciones, la prensa, ni palabra. Ningún medio, nunca, publicó esa declaración, y siendo noticia años después que quien primero le llevó delante de un juez, a declarar, fue el abogado Carlos Obregón por el caso Sirsa, al que casi le cuesta la vida, además de expulsarle del Colegio de Abogados. Los periodistas y los abogados se mecen en el chovinismo, lo que no reflejan las hemerotecas o los sumarios no existe. ¡Qué colegio ese Colegio, involucrado desde los cimientos al pararrayos en la Gran Corrupción!. Del mismo tenor la citación del día 29. Careo entre Santiago Udina Martorell, delegado del Estado en el grosor del desfalco y Castells Esteve.

Pascual Estevill no me mentía, el caso al rojo vivo, pero los acontecimientos se precipitaron. Una cacicada tuerce el camino, al hilo de la corrupción. Un golpe de mano, pura porquería. Nombrado un Juez Especial, por alguna circunstancia, para mí clarísima. Miranda de Dios no interesa. Vivirá cómodo en su barato piso de Enrique Granados, propiedad de la esposa de Juan Piqué Vidal, sin el trabajo de instruir el tedioso Consorcio de la Zona Franca. Cumplida su misión. No le asignaron el caso para buscar la verdad y administrar Justicia, él solo debía encarcelar a los tres denunciados, y aceptar la versión de los hechos. Nada de creer al tal Del Barco y ponerse a investigar.

Un Juez Especial. La Constitución anula esos nombramientos de juez a dedo, pero el Presidente de la Audiencia Provincial se atenía a los usos y leyes de siempre convirtiéndole en dueño y señor de su Audiencia. Se entendería a sí mismo por ungido y delegado del Dictador. Primero Capitanía General y luego la Audiencia, pilares del organigrama español. Ignoraba la muerte de Franco y que en el 77 se aprobó la Constitución. Sobre el Ilustrísimo José Álvarez Martínez el futuro no me traería extraños pisos o regalos. Su nombre se esfumó en el magma funcionarial, siendo su única aportación a la clarificación de los hechos el “no ha lugar” definitivo. Ni citas a Javier ni a nadie. ¿Por y para qué lo nombraron?. Era titular del Juzgado de Instrucción nº. 11 y nada indica que tuviera poco trabajo en su juzgado. Nunca confesaría el porqué de su nombramiento “especial”. ¿Se negó Miranda de Dios a firmar un “no ha lugar”?. Se acabó de un plumazo.

El Juez Especial Álvarez por todo razonamiento en auto de fecha 7-2-81 habla de verdad verdadera, y que de obtenerse más pruebas solo agravaría la situación de los procesados, y que el Juzgado se hallaba colapsado y no cabía más trabajo. Inútil recurrir. Así de sencillo. Cerrada la fase de instrucción. Mi delito clarificado, encubrir por conocer la procedencia ilícita del dinero de Antonio de la Rosa Vázquez, y falsedad en documento privado. Lo de “cerebro”, excluido. ¡El juez si parecía un cerebro del derecho y de los derechos humanos!. Para él el acusado carecía del derecho de pedir pruebas, irían en su contra. Si no le regalaron un piso, se lo merecía. Había prisa, miles de querellas pasan quinquenios en fase de Instrucción, en los delitos económicos absolutamente todas, y en aquella que no se clarificaba nada, en apenas seis meses, cerrado el sumario.

Más cacicadas, o corrupción pura y dura. El día 9 de enero de 1981, se nombra en la página 1.100 del n. 15 del Boletín Oficial del Estado, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial al Ilustrísimo Señor Don Manuel Derqui Valbuena, y en el momento de decidir sobre los recursos del nuevo juez especial de instrucción se le aparta de su competencia y presidencia, tomándola para únicamente el caso Consorcio el Excelentísimo Señor Don Alfonso Hernández Pardo, que a la vez nombró al juez especial Álvarez. Ni que decir, él ratificó el gran esfuerzo de su mandado anulando toda petición de pruebas, hasta las pedidas por el Ayuntamiento y Consorcio, conformes a más citaciones a Javier de la Rosa. En definitiva, otro susto a Javier representaría más créditos y avales. Ni volvería Francisca Gambús ni Corominas a clarificar la cifra recibida y con quien negoció sus contratos. 600 millones de los oscuros 8.000. Tampoco Udina Martorell. Ni menos nadie insistiría por las cuentas del Banco Garriga. ¿Cuánto le costaría al Banco el frenazo a la investigación?, ¿o repartiría el coste con la CAIXA?. Udina fue consejero secretario de la Caixa a la vez que Delegado del Estado del Consorcio en la época del gran desfalco, en definitiva la fuente del dinero, y destino de 600 millones pagados en negro para la concesión del empréstito. Sea como fuere, no se sabrá. Aquel año el banco creció doblando, las sumas incluían los créditos que no se pagarían.

Un mes, Enero de 1981, de inmenso trasiego para quienes traficaban con mi libertad. En tan poco espacio de tiempo, para los juzgados un mes es una unidad de tiempo mínima, de inicio, de registro y acaso lectura, pactaron su solución. No se les debían escapar ni los acusados, víctima aceptada por la opinión pública, ni desmadrarse el escándalo inmiscuyendo a Javier de la Rosa Martí. Los millones del Consorcio una tontería a comparar con los en juego en el Banco Garriga y Nogués. Todos amigos, y conformes, menos los encarcelados.

Por si algo se tuerce, o se debe fallar un recurso en contra, o conveniente se interponga, pues de lo contrario la sinfonía desentonaría, la escena se completa con el sumun de la Audiencia. La Soberanía en Barcelona. Aparece en escena el Excelentísimo Señor Alfonso Hernández Pardo. El caso, reservado para sí en exclusividad, ya que por Presidente de la Provincial no intervenía como magistrado en ningún tribunal, desde que ascendiera de la presidencia de la Sección Tercera. Y por si tiquismiquis entre señorías enmerdaran su alto entender de la Justicia, nombra a su compañero (o subordinado) de la Sala Tercera, Don Angel de Prada Mendoza, como componente de esa Sala Especial que firmará como Sección Primera. Discutible designación, puesto que en caso de sustituir a un magistrado ausente esa designación debería proveerse por el Presidente de la Territorial y no por el de la Provincial. Pero ni siquiera se trataba de completar un tribunal, puesto que el de la Sección Primera funcionaba en paralelo al completo, sino de crear una “ad hoc”, traducido, “a su conveniencia”. Nadie recordaba algo parecido.

Siempre he creído que los autos se redactaban en el Bufete Piqué Vidal, para comodidad de los funcionarios de la Sala que actuaba con dos composiciones. Sería interesante remodelar las sentencias y los autos de una sala con dos presidentes que actúan por separado y a la vez el mismo día y hora. ¿Los dos magistrados se levantaban de un juicio o deliberación con un presidente para sentarse en el estrado del otro?, ¿de cuantos estrados disponía esa Sala?. Si entender la Santísima Trinidad me provocó fiebre y renuncié a plantearme semejantes trilemas, esa dual trinidad la entendí por los intereses en juego. Es muy simple, un secretario pasa sentencias y autos a la firma, ¡que más da que estén en un lugar u otro las señorías, o la Sala sea una Soberanía bicéfala!. Detallaré más adelante el enjuague, y se puede leer el recurso al Constitucional. Engatusar a los magistrados, o al instructor con pisos a su medida, o tildando de degenerados a los detenidos con las supuestas orgías, de principiantes. Pero convencer a toda la Ciudad que los miles de millones desaparecieron por un lugar u otro, y nadie jamás reclamara, ya presuponía grandes cerebros, o dominar el suficiente Sistema, y en conjunto actuando a lo dictador bananero
Muertas las esperanzas. Y lo peor, se cerraba el Sumario. Y muchísimo peor, entrábamos en una etapa de oscuridad total en cuanto a nuestra libertad que con la ley en la mano se podía eternizar. Sin tope la prisión preventiva. Se recurren los nombramientos especiales, contrarios a la Constitución, al Supremo y Constitucional, y ¡no lo hubiéramos hecho!, más eternidad. El tal Alfonso Hernández Pardo, por los rumores un franquista de boina, y de esmoquin celebrando junto a su esposa, luciendo pedruscos, en el Ritz, el Premio Planeta con su amigo Pascual Estevill. Pasados unos años.

La historieta de que el nombrado Derqui no estaba bien de la cabeza, y menos entendía de temas económicos, (sería porque apuntó una libertad con fianza), me sonaba a tomadura de pelo, y me molestó oírsela a Pascual Estevill. En cuanto a los conocimientos financieros del Presidente Especial no pasaban de una gracia sobre “demasiados millones, seguro que son culpables”. Si los caciques ahora son lacónicamente graciosos, entonces eran “geniales”. Una Sección la Primera sin gran suerte porque al tiempo fue presidida por Adolfo Fernández Oubiña. Otro nombramiento definiendo la mentalidad de la burocracia judicial. Sobre Adolfo corrían “graves genialidades”, además de su gusto por el dinero y las mujeres, y entre los abogados, especiales inclinaciones por “amistad”. Todos quienes le trataron durante cuarenta años tienen alguna anécdota “graciosa” que contar. Acabando mal esa presidencia, al unísono con su compañero José Luis Barrera Cogollos, que con expediente y sentencia del Supremo escalará a Presidente de la Audiencia. Y de recusar ante las evidencias, nadie, y menos mi abogado. Un hecho comentado entre profesionales que Del Olmo y su moderada información radiofónica jamás mencionaría. En su descargo, ni prensa alguna. Que un Presidente de una Sección de la Audiencia sea expedientado y degradado no es noticia, ni merece comentario. Y los dos firmaron en la sentencia lo de “dinero gastado en vicios”, ¿no descubrió en la cara de su íntimo compañero esos vicios que achacaba a quien no tenía ninguno?.

Aun el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no se había pronunciado sobre las barbaridades jurídicas y físicas de las leyes y usos españoles, y en la Audiencia de Barcelona presidida por el eminente jurista, “gran jurista decían los abogados”, los revolcones y anulaciones de actuaciones y juicios se dieron en todos los grandes casos recurridos, después de largas estancias en prisión, naturalmente. Los presuntos asesinos del ex alcalde Viola, y Bultó de Cros SA, el incendio con muertos de la sala de fiestas La Escala, ect. Para el Excmo. Señor todas las torturas policiales eran autolesiones, o en el ejercicio de la detención, o defensa de las fuerzas del orden. En cuanto a los muertos en La Modelo, con la Democracia había familias y abogados que denunciaban, cayéndoles la losa del “papeleo”. Un pobre loco pistola en mano entró en el Palacio de Justicia dispuesto a cargarse a Don Alfonso. No pasó de las escalinatas.

El Presidente tenía claros sus conceptos, autoridad, escala de mando, el Ayuntamiento sobre sus ciudadanos, la policía frente a sus acusados, fulano de tal contra un sutano cualquiera, el hombre frente a la mujer (para él y sus cólegas no existía la violencia doméstica, matar a la mujer y su amante a garrotazos, siete años, cumplidos dos), y hablar de dolo, pruebas, recurso, razonar los autos, Constitución, o división de poderes, generaba sarpullidos, y ni existía el concepto de “segunda instancia” con valoración de las pruebas, con un simple recurso de casación al Supremo más que suficiente (y ni hoy en día). Como el cabreo cuando se limitó la prisión preventiva que por un pique entre señorías y la progresista Ley pusieron en libertad a un conocido de la sexta que asesinó a tiros a su mujer y su abogado, y naturalmente se fue a Brasil. Figurarse a sus víctimas durante los treinta años de sus servicios a la justicia franquista da escalofríos. Y sin entrar en su trastienda moral y ética.

Como en el Dante, se perdía toda esperanza. Nuestra libertad, según ley, con recursos o no, dependía en exclusiva del juez de instrucción, o la Sala, y no la concederían como firmaron el 23 de febrero del 81, con la misma anuencia del Ayuntamiento, Consorcio y Fiscalía.

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