Barcelona 9-8-2018. La subvencionada prensa barcelonesa se ocupa hoy con preferencia y vehemencia del vicepresident Pere Aragonés:
"Pere
Aragonès i Garcia es un político español. Desde el 2 de junio de 2018
es vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, después de ser el
secretario de Economía del Gobierno de Cataluña 2016-2017. Wikipedia"
Que el juez instructor pida al TSJC imputar a la mano derecha de Oriol Junqueras les parece una aberración. "Nos quieren descabezar" ¡angustiado grito! de ERC en La Vanguardia, y publica el ARA:
Icona "Delictes inexistents": l'actualitat en 7 tuits
'Delitos inexistentes', el mismo dinero de la 'malversación y rebelión' financia a la prensa catalana, pero con la diferencia que el afanado en la Consejería de Economía dirigida por Pere Aragonés, entonces mano derecha de Oriol Junqueras, se dedicaba a financiar el 1-OCT y otros aspectos del 'procés hacia la independencia'. Dinero expresamente avisado y prohibida su utilización por el Constitucional. "Desobediencia" sin excusa o pretexto.
Es una obviedad que todo el 'procés' es ilegal, fraudulento, inconstitucional, y para colmo dirigido por unos profesionales insisto a cargo en definitiva de los presupuestos generales del Estado. Gente dedicada en cuerpo y alma a la 'independencia', es decir insisto a la 'malversación, rebelión y desobediencia''.
Y también es obvio que su ingente labor de años fuera secundada por la segunda escala de mando. Gente colocada en los puestos clave, no solo para librar las 'partidas presupuestarias', algunas falsas o enmascaradas, sino hasta ordenar a los mossos, o mover las 'organizaciones civiles' que patearon vehículos de la Guardia Civil y colapsaron ciudades, autopistas y trenes. Gente con sueldos superiores a los 100.000€ más gastos y viajes, repito a cargo del 'déficit' cubierto por Madrid y Bruselas.
Su continuo argumento que 'cumplían un mandato electoral y democrático', ni era cierto pues el 52% de los catalanes votamos ¡¡¡no a la independencia!!!, y una falacia puesto que si acaso los votos justificarían las campañas pagadas con dinero privado para cambiar las leyes, 'libertad de expresión', pero jamás para circarse en las existentes, ni menos el Código Penal que castiga 'robar o apropiarse' de dinero ajeno.
PRENSA
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