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Rafael del Barco Carreras
Ayer 19-07-10 declaró el Conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat Antoni Castells ante la comisión de investigación del Parlament de Cataluña por el Caso Palau de la Música. He de confesar mi gozo en este asunto porque como en todos los casos saltan nombres de aquellos 80 en que Narcís Serra y sus socialistas se enriquecieron política y económicamente con mi encarcelamiento en el Caso Consorcio. Y saltan los nombres porque entonces eran unos corruptos y siguen siéndolo.
Reproduzco en www.lagrancorrupcion.blogspot.com dos artículos del 2009, “somos cuatro y Cataluña es nuestra” y “corrupción en el núcleo duro del PSC”, que en tiempo de bonanza no hubieran hecho demasiada mella en un entregado electorado dominado por la Tele Única, pero que añadidos al desastroso momento económico, provocaron tan malos augurios electorales que el PSC lanzó su caballería contra la alternativa, CIU, que almacenan tanto o más detritus.
30 años de Régimen repartido entre dos corrompe a cualquiera (el Poder absoluto corrompe absolutamente) y si además esos cualquiera, jovencitos disidentes y contestones, tras la muerte de Franco soñaban merendarse la perita en dulce que supone una dictadura, más que más. Y para comerse esa perita se pusieron de acuerdo, y al igual que los gansters se repartían con respeto sus áreas de dominio e influencia, recalificándose y repartiéndose tan armónicamente que el “capo di tuti li capi”, Jordi Pujol, calificó su feudo o taifa de “oasis catalán”. Generalitat, CIU, y Ayuntamiento, PSE, recalificaron a placer. Total, la única ventaja de esta mal llamada Democracia, el cambio y alternancia, desaparece si unos y otros actúan igual, y encima y peor en connivencia. Pero la ambición y el detritus les salen por las orejas, las caixas se vacían… ¡y esto solo ha hecho que empezar!
Aquel 3% de Maragall, no investigado, elevado al 4%, que sin investigar salta en los papeles de Félix Millet, forma el núcleo duro del ataque socialista ante su decadente situación frente a las próximas elecciones. Las noticias de ayer en el Parlament nos cuentan:
“El portavoz socialista, Jordi Terrades, arremetió contra CiU. “Ustedes quieren hablar de todo menos de lo que es objeto de esta comisión, que es si se habían financiado ilegalmente. Han calificado esta comisión de tribunal político de tiempos del franquismo, de haber aplicado la mayor operación de MacCarthismo desde la II Guerra mundial, de que todo era un montaje. Pero Convergència tiene un problema, que se llama 4%, que según los documentos hallados en el Palau era la comisión que se cobraba de obras públicas adjudicadas por el Gobierno de CiU, como las de la línea 9 del Metro y las de la Ciudad de la Justicia. Y de ahí salió dinero para la Fundación Trias Fargas [vinculada a CDC] y a empresas que no han trabajado para el Palau. Y también había facturas falsas de una empresa fantasma que coinciden con facturas convergentes. Y a un dirigente de CDC, como Àngel Colom, se le dio dinero para que saldase las deudas de su antiguo partido. Y había reuniones frecuentes entre Millet y Montull con Carles Torrent y Daniel Osàcar, responsables de finanzas de CDC. Por tanto, su problema es el 4% y todavía no han dado explicaciones claras y transparentes sobre lo sucedido”.
Que se sepa, no se ha detenido a nadie, o ni siquiera una denuncia formal que abarque más allá de Félix Millet y el Palau. El parlamentario socialista ataca pero dentro de un manual de buenas formas; el suave “financiado irregularmente” esconde un descarado ROBO, chantajes a contratistas y subcontratistas, y por ende al Pueblo Catalán y Español, dinero negro, delito fiscal, y como le puede volver a la boca al propio socialista utiliza el “financiado”. Financiar define el hecho de invertir; robar cobrando astillas, mordidas o dentelladas, y todos los delitos derivados, el diccionario no los incluye en FINANCIAR.
El ataque es contundente, capaz de dinamitar cualquier encuesta favorable, ¡pero no!, CIU puede ganar, y lo peor es que si no gana lo hará el PSE… y deberán cerrar pactos para que no nos enteremos de más casos Palau, Pretoria, Hacienda…porque haberlos los hay ¡y de mucha más envergadura!, por ejemplo, Diagonal Mar-Fórum, Caixa Cataluña y Procam… etc.etc.
LA GACETA
Somos cuatro y Cataluña es nuestra
Xavier Horcajo
La mujer de Montilla, Anna Hernández, acumula nada menos que 15 cargos públicos. El marido de Manuela de Madre, Antoni Fogué, suma una docena.
Félix Millet, el gran corrupto del Palau, se equivocó cuando decía: “Somos 400 y siempre somos los mismos”. No es cierto, son cuatro y se creen que Cataluña es suya. La Cataluña del tripartito ha reproducido uno de los peores males endémicos de aquella sociedad: el de las oligarquías familiares. La mujer de Montilla acumula 15 cargos públicos y el marido de Manuela de Madre, Antoni Fogué, una docena de esos mismos cargos; por no hablar de Carod-Rovira y sus hermanos refugiados en embajadas ful de la Generalitat.
Que a la primera dama catalana, Anna Hernández Bonancia, le va acumular cargos es una obviedad. La señora de Montilla, madre de trillizos, era una gran activista obrera en su juventud, aunque ahora prefiera los trajes caros. Ambos, Montilla y Hernández, estuvieron casados antes. Esto podría parecer poco relevante, si no fuera porque, a la vez, les singulariza. Singulariza a Montilla, en primer término, porque le levantó la pareja al concejal de Urbanismo de Sant Just Desvern, siendo él el líder del partido en el Baix Llobregat y del Consell Comarcal y luego al anterior esposo le deponían de su cargo y ¡Alehop! colocaban de regidora… a la compañera de Montilla. ¿Quién dijo que el Baix Llobregat era un lugar anodino y sin morbo?
La trayectoria
La señora de Montilla es licenciada en Derecho y máster de Esade, pero le debe su primer empleo público a José Montilla Aguilera (Iznájar, 1955). Desde ese cargo [concejala de Urbanismo de Sant Just Desvern, una población de 15.000 habitantes]; supo auparse al de primera teniente de alcalde del municipio; ítem más concejala de Vivienda; de Relaciones Institucionales; por extensión: presidenta del Área de Política Territorial de Vivienda y Medio Ambiente; y, cómo no, presidenta de la empresa municipal de vivienda Promusa (Promocions Municipals Santjustenques); presidenta de Proecsa (Promocions Econòmiques Santjustenques).
En la Diputación (que presidió su marido en 2003-2004) la convirtieron en consejera del Consorcio Agrario del Baix Llobregat de la Diputación de Barcelona; consejera de Fomento del barrio barcelonés de Ciutat Vella también de la Diputación de Barcelona y delegada del área de infraestructuras, urbanismo y vivienda de la misma Diputación. Además, es consejera de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial; vocal del consorcio Sanidad Integral del Baix Llobregat; gerente del Consorcio de la Colonia Güell; y vocal de la Fundación Caviga, que se dedica a los niños con minusvalías. La señora de Montilla es miembro de la asamblea de La Caixa, en representación de la Diputación de Barcelona, que tiene 160 consejeros en esa asamblea, en cargos no remunerados.
Cuando el presidente Rodríguez Zapatero llamó a ex alcalde de l'Hospitalet y de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, para arreglar el problema del paro en España, se produjo un interesante movimiento en cordada de la colla alpinista del PSC. Había que sustituirle y el hoy corrupto alcalde Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, era el vicepresidente primero y el hombre con más números para poder hacerlo. No fue así. Fue un hombre que no ocupaba vicepresidencia alguna, pero que era el marido de Manuela de Madre, la vicepresidenta del PSC, quien lo consiguió.
El rutilante Fogué
Se llama Antoni Fogué (Santa Coloma,1955) licenciado en Biología y profesor de la escuela de enfermería Gimbernat, hasta que decidió adentrarse en la arena políticas, en 1987; siguiendo los pasos de Manuela.
Fogué había llegado a la Diputación en 1996 y ocupó diferentes presidencias de comisiones delegadas como Cultura o Gobierno Local, hasta que la magia de su mujer le convirtió en el elegido. Se impuso a candidatos a presidente que tenían más peso, como el propio Muñoz, o los alcaldes de Mataró y de Granollers. Lo consiguió el 22 de abril de 2008. La Diputación de Barcelona mueve un presupuesto de 700 millones de euros por año.
Ahora, con la marcha de Bartomeu Muñoz de la alcaldía de Santa Coloma, el primer candidato a sustituirle es el maridísimo Fogué. Con ello se cerraría un bello círculo, ya que Muñoz sustituyó a Manuela de Madre (Huelva, 1954) cuando ésta tuvo que renunciar por una fibromialgia.
Fogué es presidente del consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de la Casa de la Caridad de Barcelona; vicepresidente de organismo autónomo Institut d’Edicions de Diputació de Barcelona; vicepresidente de Transmisions Digitals i Comunicació SA, consejero de Fira 2000, en representación de la Diputación; ex consejero de Serveis Culturals del Liceu, ex consejero de Localret, otro consorcio de la Diputación, ex vicepresidente de Grameimpuls, sociedad de fomento del Ayuntamiento de Santa Coloma, y consejero de la aseguradora privada Fiatc, Mutua de Seguros (remunerado).
Es presidente de la Comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); vicepresidente de la Fundación Privada Palau, vicepresidente de la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios y también presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
De las andanzas de Carod-Rovira, con su flamante ático con solarium en Tarragona (185 metros cuadrados), por el que firmó hipoteca de 625.000 euros, les hablo otra semana
Corrupción en el núcleo duro del PSC
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Corrupción en el núcleo duro del PSC
21:52 (31-10-2009) | 16
La detención del dirigente del PSC y alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz y la del ex diputado socialista Luis García Sáez, ha puesto en guardia a los estrategas de la dirección nacional del PSOE.
Barcelona. La detención y el ingreso en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón del todavía alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, Bartu, en el marco de la operación Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña ha supuesto un gran golpe para el núcleo duro del aparato que controla la organización territorial del PSC. El viernes por la noche Muñoz ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real junto al intermediario socialista y ex diputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, y los que fueran sucesivamente hombres fuertes de Jordi Pujol cuando presidía la Generalitat, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra.
Hasta ahora, Bartu Muñoz era, además de alcalde de Santa Coloma, primer secretario de la federación del PSC del Barcelonès Nord, la comarca que agrupa algunos de los principales bastiones socialistas de la provincia de Barcelona como Sant Adrià de Besòs o Badalona, y miembro de la ejecutiva federal del PSOE. Desde 1983, cuando Muñoz accedió a la dirección del partido en el Barcelonès Nord y se convirtió en concejal de Santa Coloma, ha hecho y deshecho lo que ha querido con las listas municipales del PSC de la zona.
Aunque esa situación de privilegio se ha deteriorado en los últimos tres años, en la misma medida que la relación de Muñoz con el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, y con el secretario de organización del partido, José Zaragoza. El desencuentro final entre Bartomeu Muñoz y la dirección del PSC tendrá lugar mañana, cuando la ejecutiva del partido procederá a expulsar al alcalde de Santa Coloma.
La profunda implicación de Muñoz en las operaciones urbanísticas irregulares del caso Pretoria, ha desconcertado a los dirigentes del PSC. Era público y notorio su elevado tren de vida: siempre ha vestido trajes caros; reside en una lujosa vivienda en la calle de Beethoven de Barcelona; conduce un Mercedes; posee una finca en Rupià, en la Costa Brava, próxima a la que posee en la localidad el ex presidente de la Generalitat; y era habitual verle jugando unos hoyos entre semana en las instalaciones del Club de Golf del Prat en Terrassa. Sin embargo, siempre se había atribuido el estilo de vida a la desahogada situación económica que heredó de su padre. Bartomeu Muñoz (Santa Coloma de Gramanet, 1957), es hijo del último alcalde franquista de Santa Coloma, Blas Muñoz, propietario de un imperio inmobiliario en la ciudad cifrado en un millar de viviendas.
Esa es la razón de que en el entorno de Bartu haya causado una auténtica conmoción la acusación de cohecho contra el alcalde de Santa Coloma que aparece en el auto de prisión del juez Garzón: Muñoz está acusado de recibir el pasado 27 de julio tres sobres con diferentes cantidades que suman 6.480 euros del propietario de Limasa, Manuel Carrillo, que está en libertad bajo fianza de 100.000 euros, presuntamente a cambio de renovar la concesión del servicio de limpieza del Ayuntamiento a la compañía. Los que conocen al todavía alcalde de Santa Coloma no se explican que haya arriesgado su posición por una cantidad que, comparada con su abultado patrimonio, resulta ridícula.
De lo que prácticamente nadie se ha sorprendido en el entorno de Muñoz es de que éste se haya visto arrastrado en su caída por el considerado cerebro de la trama de corrupción urbanística, el intermediario y ex diputado del PSC en el Parlament de Catalunya Luis García, conocido como Luigi. Buena parte de las acusaciones de la operación Pretoria se fundamentan en las escuchas que durante meses ha realizado la Guardia Civil de las conversaciones telefónicas de Luigi. Las transcripciones revelan que Bartu y Luigi hablaban por teléfono entre sí constantemente, cada día. Y el juez Baltasar Garzón asegura en su auto de prisión que se “constata que el grupo liderado o al menos cohesionado por Luis Andrés García Sáez se ha proyectado en el tiempo en torno al tráfico de influencias, ejemplificando su forma de actuar, en el caso de Luis Andrés, como una especie de consejero de facto o en la sombra que mediatiza todas y cada una de las acciones del alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz Calvet”, en todo lo relativo a las actuaciones urbanísticas del municipio.
Y es que Bartomeu Muñoz y García Sáez comparten el mismo origen político. Ambos iniciaron su carrera política en la federación catalana del PSOE, que tras fusionarse con otros partidos socialistas de corte nacionalista dio origen al PSC en 1978. Durante toda su historia, el PSC ha sufrido las tensiones entre una dirección filonacionalista y de origen burgués y una organización territorial con un fuerte componente obrerista.
El aún alcalde de Santa Coloma, a pesar de su origen social, siempre ha sido un abanderado del aparato obrerista del PSC, el grupo de los capitanes, liderado durante la década de 1980 y la primera mitad de los 90 por Josep Maria Sala, condenado por el caso Filesa. El control territorial que ejercía Muñoz sobre los municipios del Barcelonès Nord le convirtió en un auténtico bastión de los capitanes.
Bartu vio premiada su gestión cuando en 2002 fue el elegido para sustituir a Manuela de Madre como alcalde de Santa Coloma, cuando ésta abandonó el cargo por enfermedad. La dedicación de Muñoz a la ciudad le pasó, sin embargo, factura en el partido. En los últimos años, Muñoz se ha distanciado de Montilla. Fundamentalmente ante el aparente retroceso electoral del PSC.
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El ex delegado en la Zona Franca, condenado a 23 años y en libertad otros dos acusados que han cumplido la pena
F. SALES, - Barcelona - 26/05/1983
Fernando Serena Mascaray y Rafael del Barco Carreras, implicados en el fraude del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, abandonaron ayer la cárcel Modelo por haber cumplido la pena de privación de libertad impuesta por la Audiencia Provincial en la sentencia dictada ayer sobre el caso. En la misma sentencia se condena a José Luis Bruna de Quixano, ex delegado del Estado en el Consorcio, a una pena total de 23 años y cuatro meses por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsificación en documento oficial, si bien la sala acuerda recabar del Gobierno un indulto para él, por considerar la "pena excesiva". Este indulto reduciría la sanción a un total de 13 años.
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, formada por los magistrados Alfonso Hernández Pardos, Adolfo Fernández Oubiña y José Luis Barrera Cogollos, dictó ayer sentencia sobre el fraude descubierto en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, caso que fue juzgado los pasados 18, 19 y 20 de mayo.En la resolución judicial se condena a José Luis Bruna de Quixano a un total de 23 años de prisión, por los delitos de malversación y falsificación, a Fernando Serena Mascaray a dos años y 10 meses, por un delito de encubrimiento de la malversación y a Rafael del Barco Carreras a dos años y ocho meses, por encubrimiento en la malversación y por falsificación en documento privado. La sentencia, en el capítulo de responsabilidades civiles, ordena que José Luis Bruna de Quixano devuelva al Consorcio de la Zona Franca 1.064.500.557 millones de pesetas, mientras que el condenado Serena devuelva 100 millones y del Barco, 50.
A tenor de la pena impuesta, y teniendo en cuenta que los condenados Serena y del Barco ingresaron en la cárcel el 2 de julio de 1980, la sala acuerda en su resolución enviar oficio a la prisión Modelo de Barcelona para que dé la libertad a los detenidos, por haber cumplido la pena.
A grandes trazos, éste es el resumen de los 39 folios, por las dos caras, de la sentencia sobre el caso del Consorcio de la Zona Franca, resolución que fue notificada ayer a las partes a las 14.30, pocas horas después de que fuera firmada por los tres magistrados. Culminaba de esta manera un largo proceso de debates que se inició el viernes, una vez finalizada la vista oral, cuando se reunieron los tres jueces para discutir el fallo. Al parecer, la discusión fue ardua y laboriosa y se centró más en aspectos formales de la redacción del texto que en el fallo.
La sentencia, de conformidad con el artículo 2º del Código Penal y estimando que la pena es excesiva, acuerda proponer al Gobierno una conmutación de la pena impuesta a Bruna de Quixano, reclamando que se rebaje a 10 años de presidio mayor, por el delito de malversación, y tres por el de falsedad.
Un indulto para Bruna
Algunas fuentes jurídicas interpretaban ayer esta petición de indulto como la fórmula idónea para establecer una diferencia entre el principal responsable del fraude, el ex secretario general del Consorcio de la Zona Franca, Antonio de la Rosa y José Luis Bruna de Quixano. Con esta supuesta distinción se vendría a reconocer la teoría según la cual Antonio de la Rosa fue el cerebro de la malversación y José Luis Bruna de Quixano no hizo otra cosa que montarse al carro, cuando la operación estaba ya en marcha. Esta interpretación sólo podrá legitimarse en un futuro juicio de Antonio de la Rosa.
Esta tesis está claramente reconocida en el primer resultando de hechos probados, al asegurar que el fraude lo hizo "en un principio, sólo el procesado rebelde, y después de acuerdo con el procesado José Luis Bruna de Quixano".
El Consorcio es Administración
La ciudad de Barcelona es la gran perjudicada del fraude del Consorcio de la Zona Franca. Este es uno de los mensajes que se desprende de la lectura minuciosa de la sentencia, donde se reconoce el carácter público de la Consorcio y se insiste en la relación entre el organismo y la ciudad de Barcelona. Con este argumento se zanja también un largo debate establecido por el letrado Octavio Pérez Vitoria, defensor de José Luis Bruna de Quixano, al asegurar que no se daban los requisitos que configuraran un delito de malversación de caudales públicos, al no ser su defendido un funcionario y no tener el Consorcio un carácter de organismo público.
Afirman los magistrados que el Consorcio de la Zona Franca "por su origen, por su actividad, por sus órganos rectores, por su finalidad y por el destino último de sus bienes" es una corporación de Derecho Público, "cuyos bienes están afectos al cumplimiento de servicios que afectan al bien común y a la ciudad de Barcelona".
Argumentan también los magistrados que las operaciones financieras configuran un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro también continuado de falsificación en documento oficial, por lo que debe sancionarse en su grado máximo.
Con esta sentencia no ha quedado cerrado el caso del Consorcio. Permanecerá abierto en tanto no vuelva del extranjero el procesado Antonio de la Rosa y se siente en el banquillo. En España no se puede juzgar en rebeldía. Existe, eso sí, la prescripción del delito. Para ello deberán transcurrir 15 años.
!Trancurrieron los 15 años y prescribieron los delitos de Antonio de la Rosa! Que vivía y moriría a los 86 años en su cama de Barcelona.
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