INFORME FINAL DE LA DEFENSA DE JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CARRETÉ, ECONOMISTA Y ASESOR FISCAL.

LXIII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.

Rafael del Barco Carreras

Sesión del 14-06-10. José Luis Jori Tolosa (que dentro de la prudencia tampoco se mordió la lengua) en una hora y media tuvo bastante para no admitir ninguno de los delitos de los que se acusa a su cliente. Mezclando “churras con merinas”, dijo, excluyendo a unos, demasiados, y montando historias de la supuesta amistad entre su patrocinado y el inspector fiscal Álvaro Pernas, porque jugaban al golf (en el Golf Costa Brava donde años después por cierto, añadió, jugaba también la jueza instructora del caso, Isabel Castelló) o se pelearon por un seto, y compartieron pantagruélicas mesas cuando su patrocinado hace muchos años que come sin sal, no solo no se demuestra nada, sino que se monta una fantasía maliciosa. Y en esa fantasía se repite hasta la saciedad lo de “chiringuito financiero” para desacreditar una sociedad de inversión legalizada, y por tanto controlada por las instituciones, que operaba abiertamente en bolsa a través de GAESCO SA.

Gracioso el defensor cuando argumenta que se aburrió oyendo los videos del juicio y descubriendo que los bancos incumplieron la ley que les obliga a identificar a quienes cobren mas de 500.000 pesetas, o a aportar una infinidad de talones y cuentas. Otra malicia de la fiscalía: justificar a los bancos que alegaron prescripción. Yo dudé de esa prescripción en uno de mis escritos, y el abogado defensor documenta esa falacia. Al igual con las cuentas en Suiza, se citan pero no aportan, cuando en el juicio se demuestra que la justicia y banca suiza aportaron lo que se les pidió.

Otra aportación interesante, la “supuesta” muerte de John Rosillo, el hombre de paja de los Pujol, el comprador de terrenos, KEPRO-DIAGONAL MAR. “Dicen que muerto”. No me extrañó su duda, en España por lo visto basta que alguien con Poder o Dinero reúna a su prensa y les dicte sobre la muerte de alguien, caso Antonio de la Rosa, para que se publiquen esquelas y largos artículos. En este caso, asesinado en Panamá. Y otra: Enrique Bernat, Chupa Chups, dueño de Reineta SA, propietario del edificio de Plaza Cataluña vendido al Corte Inglés por más de 2.000 millones de pesetas de los noventa, que genera entre otros el traspaso de 500 millones de una inquilina, y cuyos pagos, fragmentados, no se comprueban. Bernat, ya difunto, asegura el abogado, no era hombre que delegara, y añado yo, amigo personal de Jordi Pujol, quien con el alcalde Pascual Maragall, debían recalificar el uso del edificio vendido.

Resumiendo la tesis de la defensa, las actas de Hacienda eran legales e iguales de las que extendían entonces los demás inspectores, algunos testigos de la acusación, y extrañamente exculpados. Y además, caso familia Vidal-Folch, terrenos Villa Olímpica y Diagonal Mar, se pacta con posterioridad por otros inspectores el pago del IVA y no se denuncia en aras al interés y prioridad de Hacienda, que es cobrar.

Quizá es lo que quise entender, pero el abogado defensor exponía que todo el montaje de la Fiscalía Anticorrupción, quitando y poniendo a su capricho para salvar a quienes les pareciera, deja un pastiche incomible. Técnica procesal absurda, y añade: como no hay pruebas, se acude a las indirectas, ¡son amigos! Innecesario comprobar la infinidad de códigos y jurisprudencia utilizada por el defensor para entender que ni Sánchez Carreté, asesor fiscal, economista, que no abogado (como fiscalía una y otra vez repetía) y el inspector Álvaro Pernas, a lo sumo son dos personajes secundarios metidos a legalizar por cuenta de la Superioridad, Jordi Pujol, Pascual Maragall y los altos mandos de Hacienda, las complejas operaciones donde un terreno (muchos) se multiplica por diez en un mes o un edificio lo compra el Corte Inglés SA cuando su “recalificación” o “cambio de uso” está pactado, y vendido por otro importantísimo empresario, que no pactarán ni con asesores o simples inspectores.

Total, que en el banquillo se deberían sentar los “recalificadores”, los altos mandos de Hacienda, y Fiscalía Anticorrupción por “chapuza maliciosa”.