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16 enero 2011

2. JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.1 DE VALENCIA.

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 16-1-11. Que en Valencia la lucha política se centre entre PP en el poder y PSOE en la oposición, y que se monten pollos por corrupción, no quita ni pone a mi escrito sobre el juez Albiñana que de presidente de la primera y socialista Generalitat Valenciana aparece por los 2000 en Barcelona como juez de Vigilancia Penitenciaria, después magistrado de Sala, y ahora juez de instrucción en Valencia.

Vuelvo a repetir, porque ya me han insultado por mi escrito del 7-1-11, que me importa un rábano los jardines de Monforte, el PP valenciano, la Alcaldesa y el urbanismo; yo solo busco entender porqué este juez no recibe (como era su obligación) a mi abogado y mujer que durante ¡nueve días! reclaman mi libertad ¡ya vencida la condena! Ni siquiera me importa que fuera condescendiente con asesinos violadores (que apena en la calle con permiso volvieron a violar y asesinar) o extrañamente flexible con el megaestafador y según su señoría “arrepentido” Javier de la Rosa, con varias causas pendientes.

Le concedo que tuviera razones legales, la arbitrariedad en esas concesiones se las otorga. Sin embargo mi libertad no era una cuestión arbitraría ¡la Ley le obligaba firmar! pero puede que la Gran Corrupción barcelonesa le aconsejara ¡que se joda ese Del Barco, y que no escriba tanto! Mi expediente es un monumento al agracio comparativo, ver en “Barcelona, 30 años de corrupción”.

Y coronando los insultos, me envían de Valencia un lucido y leguleyo escrito a favor del juez Albiñana:




Sobre el Jardín de Monforte, jueces, fiscales y entidades... Contra la campaña de difamación del PP‏

“Corren mis venas gotas de sangre jacobina…

Josep Manuel Sanchis González

Viene la invocación machadiana a la luz de la indignación que me produce la lectura, en el diario del 9 de enero, de un artículo de Baltasar Bueno, referido al juez Albiñana, que revuelve mis entrañas.

Ya el título del artículo es una acusación: «Albiñana debe abstenerse.» La abstención de un juez es algo reglado por ley, y ni ese juez ni esa causa caen en los presupuestos de la ley. Tal vez, aquí, el periodista pretende enmendar la plana al legislador.

Se recuerda aquí el pasado ciudadano del ahora juez, su etapa de militancia política que llevó a ejercer —con mayor o menor fortuna— responsabilidades de gobierno en un momento en que la mitad de la sociedad no se creía esa opción del autogobierno. Tengo para mí que esa invocación debiera ser, a la vista de la evolución de la sociedad, más glosadora que censora, y desde ahí, el reconocimiento a su entrega a la sociedad y a su militancia social (toda militancia política supone una militancia a favor de la sociedad) no puede, en modo alguno, constituirse en baldón de su honestidad o eficacia jurisdiccional, ahora cuestionada sin base ni justificación.

Fija la ley las causas de incompatibilidad, así como las de recusación y abstención, pero el articulista, más papista que el Papa, establece, motu propio, nuevas causas, determinadas por él manu militari sin necesidad de que los órganos constitucionales las establezcan.

Califica como de «puerta trasera» el sistema de ingreso en la judicatura por el «cuarto turno», reservado a juristas de reconocido prestigio. Después de 34 años de ejercicio de la abogacía, afirmo, si rubor alguno, que ésa es la mejor puerta de acceso a la judicatura de personas que, a más de conocer las leyes, ya conocen la vida y la sociedad, y así mejor pueden aplicar la primera a la segunda.

Hay, desde el punto de vista del jurista, algo más preocupante: la negación, apriorística, del principio de inocencia constitucional. Ciertamente, el artículo que comento, sin parar en mientes, niega la inocencia del juez, acusa de resolución injusta y políticamente motivada la resolución que, al parecer, no le gusta y la condena sin paliativos, incluso sin conocer el fondo del asunto.

Tal vez, lo más grave del asunto es que el artículo que citamos considera el asunto comentado de «político» y no de «judicial». Al periodista no le interesa saber si el político encausado ha violado o no la ley: como es un asunto entre políticos lo que importa no es la ley, sino la política. Pues no, ni mucho menos, si un juez abre diligencias es porque hay «indicios racionales de criminalidad» y no le importa quién es el autor.

Sorprende, desde luego, que resalte la ausencia de recusaciones por la defensa o la Fiscalía, partes en el procedimiento y conocedoras, mejor, con toda seguridad, que el periodista, de lo que se cuece y cómo. ¿Es que los considera ineficaces, o lerdos, o también corruptos y carentes de ética?

No voy a entrar a defender, ni a execrar, la etapa política del magistrado Albiñana. No me interesa, es agua pasada. Hablamos ahora de la resolución de un magistrado que actúa según dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometido a la ley y los órganos de control constitucionales y atento a la acción de las partes personadas en el procedimiento.

Por lo que a estas alturas sabemos del asunto, no parece que la Fiscalía —abogado defensor de la sociedad— ni el abogado del concejal anden carentes de formación jurídica, ni privados de sus derechos y resortes de defensa. ¿A qué viene, pues, invocar recursos judiciales que las partes en el proceso no han recabado? ¿Desde dónde, y hasta dónde, procede negar la objetividad al juez instructor?

Es menester dejar constancia de la gravedad de las afirmaciones vertidas en el artículo, puesto que, sin llegar a decirlo, tan sólo dejando entreverlo, se está acusado al juez instructor de haber dictado una resolución motivada por intereses políticos, espurios, ajenos a la legalidad estricta.

¡Dejemos a la Fiscalía y a la Judicatura hacer su trabajo y no demos lecciones a quien no las necesita! Asumamos la hipótesis de honestidad y legalidad de la actuación de quien, en el pasado, tuvo una militancia política y, desde ella, una entrega a la sociedad, cual lo es la del juez que instruye una causa sin entrar en consideraciones de si los encausados son tal o cual, que para eso se dice que la Justicia lleva una venda en los ojos, y la Constitución dice que todos, todos, somos iguales ante la ley.


http://www.levante-emv.com/valencia/2011/01/13/corren-venas-gotas-sangre-jacobina/773159.html



1. A este señor Sanchis se le revuelven muy fácil las entrañas… ¡que bonita la frase!

2. “La abstención de un juez es algo reglado por la Ley”… y supongo que por su conciencia…!si la tiene!

3. El “pasado político”… “glosadora”… “reconocimiento a su entrega a la sociedad”… sigo ignorando porque un político se entrega a la “sociedad” y un albañil solo trabaja por un sueldo…sin glosas.

4. Glosa también el “Cuarto Turno”; dice que tras 34 años de ejercicio de la abogacía “es la mejor puerta a la judicatura”… una puerta que creó juez a mi corrupto abogado Luis Pascual Estevill… y que tras unos años de enriquecerse con esa “judicatura” apadrinó la candidatura por el mismo sistema para quien fuera su socio de tropelías Eduardo Soler Fisas, con la suerte para la “judicatura” ¡digo para los judiciables! que su padrino cayera en desgracia y le echaran del CGPJ. Supongo que apadrinó a otros que aun ejercen.

5. En cuanto los “indicios racionales”… verborrea de abogado… aboga también por la “objetividad” que se parece a arbitrariedad, puras abstracciones… y que en todos los casos de corrupción aparecen.

6. Y enfatiza con “la Constitución dice que todos, todos, somos iguales ante la ley”… el juez que con tanta vehemencia defiende… durante NUEVE DIAS me excluyó de la Constitución… ¡Ah, y no estaba de viaje!

“Asumamos la hipótesis de honestidad…” dicen sus 34 años de ejercicio de la abogacía… siento no poder asumir esa hipótesis, y él, si fuera honesto… menos…

Los “políticos”, ejerzan o no, siempre están en activo, y como los violadores a los que ese juez parecía tener una especial inclinación o deferencia… van a lo suyo…total; lo tienen mal sus “enemigos valencianos”…

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12 enero 2011

2. ¿CUÁNTO VALE UN TERCER GRADO EN LA CÁRCEL DE CAN BRIANS?

… MUCHO MÁS CARO QUE UN ABORTO ILEGAL O SIN RASTRO BUROCRÁTICO.


Rafael del Barco Carreras

Barcelona 12-1-11. El nombramiento de Nuria de Gispert para el cargo de presidenta del Parlament de Cataluña (con pública intervención en 2003 en los varios terceros grados a favor de Javier de la Rosa) coincidió con la revelación del sumario del juzgado n. 1 de Barcelona, Operación Macedonia, sobre la última gran corrupción policial en que según unas conversaciones telefónicas intervenidas un alto cargo de la cárcel habría cobrado 40.000 euros por la agilización de unos expedientes a narcotraficantes y mafiosos italianos. En si mismos temas diferentes y aislados (estafadores y narcos) pero que unidos a otras noticias y casos conforman un panorama de red habitual explotando el negocio de lo que se puede calificar de “venta de libertades” a elevadísimos precios, a tenor del inmenso valor del más preciado de los bienes del hombre tras la Salud, la Libertad.

Y añadiendo piezas a tan complejo puzle; mi escrito sobre el ex Juez de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona Josep Lluis Albiñana Olmos (que argumentara firmara o confirmara el “arrepentido” de Javier de la Rosa) desde el 2009 titular del Juzgado de Instrucción n. 1 de Valencia, y ahora instruyendo las presuntas corrupciones de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, donde sin duda el primer presidente socialista de la Generalitat Valenciana, tenga o no en la actualidad carnet o cargo en el PSOE, recordará sus viejas luchas políticas en la compleja Valencia.

Estas noticias han despertado comentarios “delicados”, como el de la viuda que acusa a Can Brians de la muerte de su marido, u otro que me obliga recordar el año 2007 con la noticia de las clínicas abortivas del Doctor Morín, médico siquiatra, firmaba,o ginecólogo, según conviniera.

Escribía entonces; 18-3-2008… y la señora Monserrat Tura usando las más depuradas técnicas del escaqueo político, salvando pellejos de mucho antes de que ella mandara, suelta lo de que el psiquiatra Pascual Javier R.M. solo hizo algunas suplencias en Brians y ya se le había rescindido el contrato. Además la Generalitat expedientó a las clínicas. Pero la mejor defensa, aplicando otra de las grandes tácticas, matar al mensajero. La ONG denunciante, que por cierto aportó pruebas de dos medios extranjeros con ilegales grabaciones, era investigada por irregularidades. Matar al mensajero. Quien se atreve en este país a denunciar cualquier corrupción se aviene desde siempre, igual que en el Franquismo, a sufrir el enorme y total peso del Poder Funcionarial y Político. Cualquiera de sus pecadillos dejará sin luz el impacto de la corrupción denunciada, o acabará condenado por extorsión y chantaje como Piñol secretario de Piqué Vidal. Ver www.lagrancorrupcion.com

Primera reacción oficial, quitarse las pulgas de encima arrasando contra quien sea, y la segunda es más sofisticada. Vaciar de contenido la denuncia y los rumores de las peores de las barbaridades descubiertas, o sea, trituradoras de fetos, fetos de hasta siete meses, enfermeras sin titulación, menores de 13 años, el SIDA de su titular Morín, el ingente dinero en negro, firmas en blanco, los expedientes puras falsificaciones, y algún etcétera de menor tamaño… que desde luego no descubrió la Inspección de la Generalitat ejercida durante años, y pasando a transformar la batalla mediática en la defensa progresista de la Ley del Aborto y del aborto en si mismo. En esa línea de escaqueo y vaciado debo entender la propia libertad con fianza del Doctor, o lo que sea, Morín…

Monserrat Tura en defensa del Sistema alegaba que el psiquiatra actuaba a tiempo parcial y esporádicamente, eso es mentira. O verdad según se mire, primero porque casi todos los “técnicos” actúan a tiempo parcial, y después porque la mayoría eran “contratados”, que si no firmaban lo políticamente correcto, no pasarían las oposiciones o se les renovaría el contrato. Operativa que transforma la Junta de Tratamiento en una suave balsa de aceite a favor del Mando que contrata y descontrata “técnicos”.


“Algunas suplencias” dice la Tura… con que interviniera o firmara en los más rentables casos había suficiente… Pero en concreto sobre el Doctor Morín es obligada la pregunta; ¿un médico siquiatra con varias clínicas abortivas de alto standing siempre a tope, que por lo descubierto ganaba dinero a espuertas, hacía suplencias contratado en Can Brians?… utilizando la sintaxis legulega… ¿no sería más bien que el doctor intervenía en informes de “rehabilitados” y “arrepentidos” en que por una firma cobraba tanto como por un aborto?

Y si por un aborto cobraba 5.000 € hasta esos 40.000 del alto cargo caben algunos informes más. No es objeto de este escrito una discusión legal o moral sobre las prácticas de Morín, solo apuntar que ya había pasado por la cárcel por practicar abortos, que podría allí haber aprendido otras fórmulas para rentabilizar su firma y profesión, o la de alguno de sus ayudantes, y añadir que Fiscalía y juzgado archivaron el sumario…

Continuará…











DE HAZTE OIR
Morín reconoce que sus clínicas practicaron abortos a niñas de 13 años

Las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes de 13 años, según admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su declaración ante la juez instructora del caso, Elisabet Castelló. Además, Morín reconoció haber atendido últimamente en sus centros a "una gran población de menores".
REDACCIÓN HO.- En su declaración, que forma parte del voluminoso sumario del caso de más de 4.000 páginas, Morín también reconoció prácticas de abortos a embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas "el último mes" previo a su comparecencia. Sin embargo, en los informes sobre escuchas telefónicas de médicos colaboradores de Morín figuran casos de abortos a mujeres encintas de más de 30 semanas y hasta 33 semanas, publica Terra basada en una información de Europa Press.
El 97% de los casos abortos de las clínicas de Morín se practicaron por el supuesto de grave perjuicio físico o psíquico para la madre, que la ley del aborto permite más allá de la semana 22 de la gestación. Otro 2% de los abortos de estos centros se acogían al supuesto de malformación del feto y un 1% a casos de violación, señaló Morín.
Para realizar los abortos, los ginecólogos de las clínicas investigadas, del grupo TCB-Ginemedex, todas ellas en la parte alta de Barcelona, utilizaban el método de la aspiración para los casos de menos de 12 semanas de embarazo, mientras que para los casos más avanzados utilizaban el método dilatación y morcelación.
Incumplimiento del tratamiento debido a los restos humanos
Respecto al método utilizado para deshacerse de los fetos después de la intervención, la investigación revela que las clínicas no utilizaban los sistemas reglamentarios a los que obliga la ley para desprenderse de los restos humanos y fetos, sino que los tiraban en los contenedores de residuos sanitarios como si se tratara de material sanitario y biológico.
La investigación pone de manifiesto que la empresa que realizaba el transporte de residuos de Morín no estaba autorizada para la destrucción de restos humanos y fetos y que a estos contenedores iban los restos de fetos de "más de 20 semanas", admitió el ginecólogo.
Abortos ilegales
La Guardia Civil ha acusado de aborto ilegal a 121 mujeres que fueron atendidas en las clínicas del doctor Morín durante el año pasado, según el último atestado remitido a la juez del caso. En sus declaraciones, varias imputadas señalan cómo se las derivaba hacia estas clínicas desde centros públicos que no querían practicar los abortos. En este informe, que obra en la causa, la Guardia Civil hace un resumen de las 2.780 historias clínicas intervenidas en los centros de Morín correspondientes a 2007. Este análisis lleva fecha del pasado febrero y se dice que del total de expedientes, aún están pendientes de citar 2.641 mujeres.
En cuanto a las otras, según el Instituto Armado, predominan los abortos fuera de los tres supuestos marcados en la actualidad por la ley. Concretamente, 121 sobre un total de 138. De esta manera, en un estadillo, se explicita que se ha tomado declaración como imputadas a 99; que otras tres fueron también citadas como acusadas pero no quisieron prestar testimonio; cinco no han comparecido; 15 no han sido localizadas y 17 interrumpieron voluntariamente su embarazo dentro de los términos marcados por la ley.
El detalle de cada caso se encuentra en las declaraciones de las mujeres, cuya identidad se ha preservado y son identificadas con número. Y ahí en sus palabras se deduce que la actividad del doctor Morín era un secreto a voces. Muchas dicen que llegaron a sus centros bien por medio de una amiga que ya le conocía o informándose por internet tras conocer que se había quedado embarazada. Tampoco faltan los casos en que vienen derivados de centros de planificación, otras clínicas e incluso de la misma Seguridad Social. hay otro grupo de pacientes que vinieron recomendadas desde el País Vasco, pero que tienen un denominador común: pusieron su historia en manos de una clínica de San Sebastián, que las encaminó a Barcelona, según informa La Vanguardia.
La Consejería de Salud catalana detectó abortos clandestinos
La Conselleria de Salud de la Generalitat detectó abortos clandestinos en los centros abortistas barcelonesas del ginecólogo Carlos Morín investigados por supuestas prácticas ilegales, según revela el informe de inspección a los centros remitido por el departamento a la juez instructora del caso. En sus inspecciones, cuyas conclusiones forman parte del sumario de la investigación al que ha tenido acceso Europa Press, Salud detectó la existencia de historias clínicas de abortos realizados en 2006 que "no figuran en el libro de quirófano del centro".
En las copias de las historias clínicas aportadas de tres pacientes 'no consta el documento de notificación a la Conselleria de Salud y, por tanto, presuntamente el centro no ha comunicado todas las interrupciones voluntarias del embarazo que ha realizado en 2006' al departamento, señala en las conclusiones de su informe. En el centro Ginemedex, una de las investigadas, halló una 'falta de adecuación de las historias clínicas a lo que determina la ley' y que los libros del quirófano no hacían constar 'todas las pacientes presuntamente asistidas en el centro'. En TBC, también halló una 'falta de adecuación de las historias clínicas a aquello que determinan la Ley 21/2000 y la Ley 41/2002'. Ambas leyes hacen referencia a la adecuación de las historias clínicas en lo que se refiere a su contenido, usos, derecho a acceso y conservación.
Además, por realizar análisis clínicos y atención psicológica en CBM -otra de los abortuorios investigados- sin la autorización de Salud correspondiente y modificar espacios físicos de la Fundación Morín también sin autorización, entre otros, Salud sancionó con multas de 3.000 euros a las clínicas, ubicadas en la parte alta de Barcelona, alegando como motivo 'faltas administrativas'.
La Subdirección General de Evaluación e Inspección de Asistencia Sanitaria, dependiente de la Dirección General de Recursos Sanitarios de la Generalitat, inició su investigación a los centros relacionados con Morín en octubre de 2006, a raíz de un reportaje con cámara oculta de la televisión pública danesa DR sobre presuntos abortos ilegales en una clínica de Morín.El sumario del caso también recoge algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvieron médicos de las clínicas investigadas con algunos de sus pacientes y entre ellos, en las que se hace referencia a intervenciones previstas fuera de los supuestos legales que establece la ley del aborto en España, que sólo permite esta práctica en caso de violación, malformación en el feto y, a partir de la semana 22, grave perjuicio físico o psíquico para la madre.
Sin examen psiquiátrico
La Guardia Civil hace hincapié en sus atestados e interrogatorios en que las pacientes rara vez veían a los psiquiatras que debían atestiguar el estado mental de la embarazada, y que se les entregaban unos impresos y unos tests que luego eran rellenados por el propio personal de las clínicas. El precio de la operación de aborto variaba según el número de semanas de gestación, y hay pagos desde los 350 euros a los 4.000 euros, casi siempre en efectivo. La Guardia Civil también se cuestiona la titulación del personal médico que trabajaba en estos centros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, dictó la pasada semana el auto por el que levanta parcialmente el secreto de sumario contra el doctor Carlos Morín, su esposa y 11 empleados, y mantuvo el secreto sobre la identidad de las 2.780 mujeres que en 2007 abortaron en las clínicas investigadas, y cuyas historias clínicas han sido incautadas por la Guardia Civil en el marco de la investigación.
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CFuencisla Jue, 13/03/2008 - 11:09h
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El historial de Morín incluye su paso por prisión por abortos ilegales en Alicante
La presunción de inocencia es un derecho pero, cuando los indicios se acumulan en torno al abortista Carlos Morín, se requiere una investigacion seria. "Usted tiene su moral y yo la mía", decía el empresario abortista a los periodistas de la TV Danesa que le entrevistaban. Lo que no decía es que es una moral que ha pasado por prisión. Lo recuerdan las hemerotecas; El País del 21-12-1989 recoge el ingreso en prisión de Carlos Morín y otro doctor en ginecología, Tomás Parra, por una práctica de abortos ilegales en la clínica Ginetec de Alicante.
REDACCIÓN HO, FORUM LIBERTAS.- Ginetec es una de las sucursales de Barnamedic. Allí se desplazaba Morín desde Barcelona a realizar abortos, que él siempre insistió en que eran legales. La Fiscalía de Alicante había recibido denuncias de abortos ilegales de parte de otros médicos, de trabajadores sociales y de mujeres.Reaccionó deteniendo a los ginecólogos, confiscando 500 historiales de la clínica e incluso la actuación judicial se extendió al Servei Valencià de Salut de Alicante, donde se incautaron los expedientes relativos a las peticiones de reintegro de gastos por las intervenciones realizadas en algunas de las mujeres atendidas por Ginetec.
Esta investigación fiscal de Alicante en 1989 contrasta con la inacción de las autoridades catalanas en 2003, cuando se publicó un artículo en la revista Época confirmando abortos ilegales en periodos tardíos, y en 2004, cuando los periodistas del Sunday Telegraph grabaron con cámara oculta a los abortistas de Ginemedex.
Más irregularidades en Mallorca
Las autoridades también fueron contundentes en Mallorca cuando en noviembre de 2005 la Conselleria de Salud de Palma de Mallorca ordenó cerrar la clínica abortista Emece (C/ Capitán Salom, 11), perteneciente al grupo Barnamedic. En Emece Mallorca se hacían abortos... pero no había ningún ginecólogo acreditado, según la Dirección General de Acreditación y Evaluación. El "médico" que efectuaba los abortos no era ginecólogo.
En Alicante y en Mallorca se actuó, pero Barcelona es un paraíso de impunidad. Cuando Médicos Cristianos de Cataluña denunció los anuncios de "abortos en directo" durante un Congreso de la Fundación Morín (se practicaron el viernes 17 de octubre de 2003 entre las cinco y las siete de la tarde) tampoco se vio un excesivo celo investigador. Y cuando en 2004 el diputado del Partido Popular hizo unas preguntas parlamentarias en Madrid sobre el caso Ginemedex el silencio fue la respuesta.
Ahora, como informó el sábado HazteOir.org, el diputado popular José Eugenio Azpíroz ha presentado otra vez las preguntas parlamentarias que realizara al Gobierno en 2004, ?de las que desea obtener respuesta por escrito?. A saber: ¿Qué está haciendo el Gobierno ante estas situaciones? ¿Cuántas inspecciones, durante cuánto tiempo y con qué medios ha verificado en los centros abortistas españoles durante el 2005 y el primer semestre de 2006 para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente en toda su extensión? ¿Cuántos supuestos de incumplimiento legal se han comprobado? ¿Cuántas sanciones, en su caso, se han impuesto? ¿Qué va a hacer para evitar casos como el denunciado por la TV pública danesa? ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar tanto de tipo sanitario como penal ante los claros indicios de criminalidad que el documental denuncia?
Incertidumbre judicial
En cuanto a la justicia, reina la incertidumbre. Los Mossos d'Esquadra lo único que han hecho ha sido pasar un informe con recortes de prensa a Fiscalía.
Pero según La Razón, ya hace 4 meses que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recibió ?abundante documentación? que el Partido Social Europeo (PSE) le entregó sobre clínicas en Madrid y Barcelona que practican abortos fuera de los supuestos legales.

Entre estos documentos también figuran varios certificados médicos, firmados por un psiquiatra, que diagnostican ?graves riesgos para la salud física? de la gestante, con la particularidad de que el espacio reservado para el nombre de la paciente aparece en blanco. Esta certificación médica es imprescindible para que se pueda practicar un aborto acogiéndose al supuesto de ?grave riesgo físico o mental para la madre?. Desde el PSE se señala que este certificado ?podría estar utilizándose de forma indiscriminada, sin que el médico realmente haya examinado a la paciente. Confiamos en que la actual investigación pueda aclarar estos aspectos?.
En el terreno judicial cabe recordar también queHazteOir.Org presentó el viernes ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el grupo CBM por "practicar abortos supuestamente ilegales en su clínica EMECE de Barcelona",según muestra el reportaje grabado con cámara oculta de la televisión pública danesa DR. HO busca que la Fiscalía abra una investigación sobre los supuestos hechos delictivos cometidos en las clínicas que el grupo CBM tiene en España (tres en Barcelona, una en Alicante y otra en Madrid), y que, de comprobarse su culpabilidad, se cierren estos centros y se inhabilite por un tiempo de uno a seis años al director de la clínica protagonista del vídeo, Carlos Morín, quien podría cumplir de uno a tres años de prisión. Este médico tiene montado todo un complejo y lucrativo negocio en torno al aborto.
¿Y si se tratase de euros, y no de niños?

La gran acumulación de indicios y sospechas, denuncias, grabaciones y documentos ya deberían haber llevado a investigaciones serias. Imaginemos que se tratase de un delito económico, fugas de capitales que involucrasen millones, o de delitos de estafas. Que el señor Morín fuera un empresario que va de ciudad en ciudad en el margen de la legalidad, organizando diversos negocios nebulosos. ¿Acaso la fiscalía no tendría ya activada una potente actividad investigadora? ¿Hay dejadez en la Conselleria de Salut de Cataluña? ¿Cómo es posible que para Salut en el año 2005 sólo se abortaran 7 fetos de más de 22 semanas?

Con todos los indicios acumulados de Mallorca, Barcelona, Madrid y Alicante, con los vídeos de los periodistas daneses y los ingleses, con los testimonios de mujeres implicadas, hay mucha materia para delimitar la investigación. Y con las cifras: en Cataluña han abortado (según Salut) 18.434 mujeres en el 2005..., más del 90% por ?riesgo para salud de la madre?. ¿De verdad puede haber en un año tantos miles de mujeres ?en riesgo?? ¿Quién vela para que la ley no sea un coladero, es decir, un fraude?

DE FORUM LIBERTAS

Impactante vídeo con cámara oculta en una clínica de abortos de la ACAI en Madrid
IntereconomiaTV ha emitido - y YouTube recoge- este vídeo en que se habla de dinero negro, psicólogos que "lo firman todo" y se ve, hasta el final, un aborto.
• Imágenes

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Una chica de 15 años, una boliviana llegada de Canarias... ¿han tenido acceso a las alternativas al aborto? ¿Lo sabe su familia?

ForumLibertas.com
La doctora no sabe que ese nuevo compañero que esta noche está haciendo guardia con ella tiene una cámara oculta. El bebé sale, diminuto, perfectamente formado, rojo, entero... muerto. La solución química que han introducido en su madre lo ha matado a él y ha provocado el parto en ella. El parto de un bebé diminuto y muerto. La doctora lo cubre rápidamente con una tela, sin mirarlo, lo aparta. Que no se vea.
El "doctor", la cámara oculta que Intereconomía TV ha introducido, se acerca al bebé, lo destapa, lo examina. "¿Qué edad tiene?", pregunta.
-Veinte o 21 semanas -dice ella - pero yo no los miro nunca.
-¿Nunca?
-Nunca, jamás.
-¿Jamás? ¿Por qué?
- Porque no me gusta.
-Claro, eres madre... supongo que... ¿no?
Es el estremecedor final de un reportaje de IntereconomíaTV. Ya circula en YouTube... pero esta web de vídeos lo ha clasificado como "de contenido sensible, para mayores de 18 años" y pide que el usuario se registre y afirme tener esa edad para poder verlo. Sin embargo, hay varias copias y algunas no registran este control previo.
Por ejemplo, esta versión es la más larga, incluye la presentación televisiva, es de buena calidad y se leen bien los subtítulos de diálogos. Puede ser más lenta de cargar por tener más definición.
http://www.youtube.com/watch?v=R0WXNl3HCA4
La escena del parto empieza en el minuto 9. Antes, la aburrida doctora en su noche de guardia explica cómo funciona el negocio, la rutina, al nuevo compañero. Y al empezar, un responsable de la clínica, empresario-ginecólogo, explica las condiciones económicas.
Otra versión, de descarga más ligera, peor calidad y más corta está en:
http://www.youtube.com/watch?v=0V7eG690Esk
El documental no da el nombre de la clínica, pero fuentes de asociaciones en defensa de la vida dicen que es la clínica El Bosque (http://www.clinica-el-bosque.com) de Madrid, perteneciente a la asociación ACAI, patronal fundada por el doctor Santiago Barambio, un ginecólogo que en el 2006 explicaba en un congreso de Roma cómo hacer abortos de 26 semanas cuando la ley permite un máximo de 22 (ver su ponencia aquí).
Al médico-cámara de IntereconomíaTV le resulta facilísimo entrar. La clínica busca personal. Y el empresario abortista le explica que es una tarea muy sencilla. "Esperar a que salga y a tomar por culo", dice. Se refiere a esperar que la madre, empujando y con contracciones inducidas, expulse a su hijo, muerto. Un parto. Inducciones, lo llaman.
Es tan "sencillo" que antes lo hacían enfermeras, y sólo llamaban al médico abortista si había problemas con la placenta, que no saliese.

Esto es el aborto para este empresario-ginecólogo
En este sistema, como en los partos, hay que esperar, poner a las madres a dilatar. En esa espera la joven doctora de guardia, la que nunca mira los bebés que extrae, que ha matado con su solución salina, cuenta al cámara infiltrado que los psiquiatras "lo firman todo, el psiquiatra es socio de la clínica y todo queda en casa; el test es un trámite".
Tiene 4 mujeres en espera, con embarazos de cinco meses. Dos de ellas no se acogen a nunguno de los supuestos que despenalizan el aborto en España. "Aquí aborta quien quiere".
La clínica El Bosque está en la calle Alonso Saavedra, 29, junto a Arturo Soria. Lleva haciendo esto desde 1988. Según la clínica, el 50% de los abortos que ha hecho son de alto riesgo, es decir, de más de 12 semanas.

En este tipo de abortos, de parto provocado, muchas veces el bebé no sale muerto, sino que aún vive al salir. Según un estudio del Instituto Perinatal de las West Midlands, en Inglaterra, publicado en el British Journal of Obstetrics and Gynaecology, se calcula que es el caso de 1 de cada 30 bebés abortados. Como se ve en el vídeo, se le deja abandonado a un lado y puede tardar en morir una media de 80 minutos. Algunos han resistido hasta 6 horas.

Desde que el Sunday Telegraph grabó con cámara oculta el primer caso de Ginemedex (2004) hasta que Morín entró en prisión han pasado casi 4 años. Durante años la administración sanitaria no "encontró" nada. ¿Cuánto tardará en actuar la justicia en este caso denunciado por Intereconomía TV?
.

El Buscador, de TeleCinco, ha colgado en Internet una entrevista-reportaje de 3 minutos a los periodistas daneses que filmaron a Morín en 2006, lo que sentía Sally Hamilton al ponerse en manos de Morín, al hablar de cómo matar al bebé, etc... En este link se accede a esta entrevista a los periodistas daneses:
http://www.elbuscador.telecinco.es/dn_308.htm
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Morín cobraba más de 5.000 euros en dinero negro por abortos a partir de 24 semanas
15.03.08 | 11:07. Archivado en Embarazo y bebés


(PD).- Las clínicas de Carlos Morín aplicaban técnicas de mercadotecnia para promocionar sus prácticas abortistas. Así lo han denunciado antiguos empleados, según refleja el sumario judicial en torno a las actividades ilegales de estos abortorios barceloneses.
Estas acciones iban desde una cortés felicitación navideña hasta cuestiones más delicadas.
Siempre según las denuncias citadas, los ginecólogos españoles que derivaban a pacientes a las clínicas de Morín para que se les practicara un aborto, recibían la tarjeta de Navidad y un regalo de empresa. Era la manera implícita de agradecerles que mandaran a las mujeres «para las actuaciones ilegales».
Otra práctica de Carlos Morín era la organización de congresos europeos con el fin de dar a conocer las técnicas de endoscopia, y donde se aprovechaba para dar publicidad de las actividades clínicas de su grupo.
En base a las aportaciones de los denunciantes, se citan presuntos contactos Morín con médicos suramericanos a los que «formaba a cambio de participar en las interrupciones del embarazo ilegales».
Se explica también que dos empleados de Morín realizaban «visitas a diferentes centros de asistencia primaria y a ginecólogos de Barcelona, en las que se les ofrecían los servicios de las clínicas y los teléfonos de contacto». Algunas pacientes han manifestado haber llamado a esos teléfonos, que les habían facilitado «ginecólogos privados, hospitales, etc.».
EN LOCUTORIOS, INMIGRANTES Y CON BONO-DESCUENTO
Había otras maneras de llegar hasta las clínicas. Por ejemplo, internet, las páginas amarillas o mediante publicidad que se repartía, según los denunciantes, en los locutorios para extranjeros.
A las pacientes que acudían con la propaganda de los locutorios, se les descontaban 50 euros. Morín hace referencia a esta misma cantidad cuando, en su declaración judicial, se le pregunta si en alguna de sus clínicas se hacían abortos después del segundo trimestre de gestación.
El médico contesta que «puede haber sucedido en alguna ocasión bajo criterio psiquiátrico». Añade que las pacientes que acuden a sus clínicas para interrumpir su embarazo proceden de la Fundación Morín y que les da en estos casos un «bono-dona» (bono-mujer) por valor de 50 euros del importe total de la operación.
Reconoce también el doctor Morín que a las pacientes también las derivan otros médicos, otros centros médicos o de planificación, y que otras han tenido conocimientos de las clínicas a través de internet o por recomendación de otras amigas

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07 enero 2011

JOSEP LLUIS ALBIÑANA OLMOS, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 1 DE VALENCIA.

PÁGINAS 277 Y 290 DE “BARCELONA, 30 AÑOS DE CORRUPCIÓN”

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 7-1-11. Un amigo valenciano me apunta la noticia de ayer en EL PAIS:

“El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver; el secretario del Ayuntamiento, Pedro García Rabasa; y otros tres responsables de diferentes áreas del Consistorio están imputados por un delito de prevariación. Así lo ha decidido Josep Lluís Albiñana, magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Valencia. En un auto de 18 folios, argumenta por qué considera que la decisión de autorizar las obras que afectan a los Jardines de Monforte, especialmente protegidos, no puede sostenerse ni en el olvido ni el desconocimiento.”

Me había propuesto olvidarme de corrupciones más allá de Cataluña, ¡son demasiadas!, y aquí sobran, como me digo, para llenar varios blogs y miles de artículos. Pero el título, recordándome los últimos procesamientos en el Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, me picó la curiosidad.

Apenas leído el primer párrafo, dejó de interesarme la presunta corrupción valenciana, centrando mi atención el juez del caso con amplio historial político en Valencia. Leer en Vikipedia donde aparece su nombre como primer presidente socialista de la incipiente Generalitat Valenciana:

“Se ha denominado batalla de Valencia al conflicto identitario que enfrentó a la sociedad valenciana durante la Transición Española, caracterizada por una notable conflictividad y violencia, y que provocó una fractura política y social en la Comunidad Valenciana que aún perdura…”

Pero en cuanto a mí el personaje traspasa las posibles corrupciones y guerras políticas valencianas. En 2004 ejercía de Juez de Vigilancia Penitenciaria en Barcelona, y si me atengo a que por su capricho salí de la cárcel siete días después de cumplir completamente mi condena, por parte muy interesada pudiera no ser objetivo, pero es que este peculiar juez tiene más “méritos” en su haber, además del permiso por entonces al violador y asesino de las dos policías en Bellvitge:

Pag. 277: “Juez Josep Lluis Albiñana Olmos, de Vigilancia Penitenciaria”, el
de los permisos al presunto asesino de las policías, y del
“arrepentido” a Javier de la Rosa. O sea, entre el liberal libertinaje de
la concesión y miles de estrafalarias negaciones, dicta;
13-4-2004. “Interlocutoria en qué es desestima el recurs d´alzada de la
persona interna contra l´acord denegatori de permís”.
Antecedents de fet:
Primera.- L´intern Rafael del Barco Carreras va presentar recurs
d´alzada contra la resolusió de la Junta de Tractament del Centre
Penitenciari de Brians, datada a 25.9.03
Siete meses. Y en la interlocutoria de fecha 23.4.2004 se deniega el del 13.11.03. Cinco meses.”

Pag. 290: “Certificado de libertad definitiva...
Fecha licenciamiento definitivo 19/10/2004
FECHA DE SALIDA AL PIE DEL CERTIFICADO, 28 de octubre
de 2004.
En expresión de mis amigos, “nueve días por el morro”. Y sin
sumar los que a mi entender no me habían abonado. El Juez de
Vigilancia se encontraba de viaje los días en que o mi abogado o mi
mujer se personaban en el juzgado reclamando mi “libertad”.
Definitiva, sin favores. El Rey de la “Taifa”, Don Lluis Albiñana Olmos, no se dignaba ni recibirlos.”


Ignoro que justa interpretación de la Ley me hacía peor que un violador asesino (hubo varios escandalosos permisos, a recordar los dos asesinos y violadores de una pareja en Nou Barris) y que inspiración divina le dictaba el arrepentimiento de Javier de la Rosa para la concesión de sus especiales y rápidos “terceros grados”. ¿Arrepentido? Quien con varias causas abiertas y pendientes por decenas de miles de millones de pesetas, declarándose insolvente ya por los 90, vive y navega él y su familia (verdaderos multimillonarios) sin que se sepa a que se dedica ni trabaja, aunque en el expediente figure un fantasmal empleo (preceptivo en situación legal de “tercer grado”) ni jamás haya devuelto una peseta de sus varias condenas, como manda la Ley. Quizá la explicación no tiene nada que ver con la Ley y fuera consecuencia de mis escritos contra los corruptos amigos o beneficiados por De la Rosa o Juan Piqué Vidal, incluido el gran gurú del socialismo barcelonés Narcís Serra.

Retorciendo el caso valenciano y repasando la trayectoria política del juez pudiera no ser el más adecuado para esa denuncia y sumario. Si la Ética en España tuviera significado debiera inhibirse o abstenerse por manifiesto antagonismo político con los denunciados, al tratarse del primer presidente socialista de la Generalitat Valenciana. No es aventurado afirmar que al perder las elecciones obtendría una plaza de Juez por el “cuarto turno”, es decir, por sus amigos socialistas en Madrid, y se retiraría a Barcelona donde ha pasado sus últimos años.

No quiero entrar en si con razón o sin ella, apenas un año después de su traslado a Valencia podría participar con sumo placer en una escabechina política contra sus oponentes, a la par que su partido, según publica hoy TV1, se halla inmerso en denuncias por parte del ex ministro socialista Antoni Asunción por supuestas falsedades en la anulación de sus avales en las primarias valencianas del PSOE.

REAL Decreto 1904/2009, de 11 de diciembre, por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Treinta y cinco. Don Josep Lluis Albiñana Olmos, Magistrado, con destino en la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiente al orden penal, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, mientras su titular don Alberto Jarabo Calatayud se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.











Batalla de Valencia
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Se ha denominado batalla de Valencia al conflicto identitario que enfrentó a la sociedad valenciana durante la Transición Española, caracterizada por una notable conflictividad y violencia, y que provocó una fractura política y social en la Comunidad Valenciana que aún perdura.
CONTENIDO
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• 1 Origen del conflicto
• 2 Evolución de los hechos
• 3 Cronología de acontecimientos[3]
• 4 Consecuencia del conflicto
• 5 Referencias
• 6 Bibliografía
• 7 Enlaces externos

[EDITAR] ORIGEN DEL CONFLICTO
El origen del conflicto conocido como Batalla de Valencia sigue siendo discutido. Una explicación ha sido que surgió como una reacción regionalista espontánea contra los postulados del valencianismo catalanista defendidos por Joan Fuster que encontraron eco en las élites universitarias relacionadas con los partidos de izquierda valencianos. Para otros se trató simplemente de un conflicto creado y atizado por los dirigentes locales de la UCD para desalojar del poder en las instituciones valencianas al PSPV-PSOE. Recientemente, algunos autores han postulado que tuvo su origen en la disgregación de la derecha valenciana durante los últimos estadios del franquismo, parte de la cual fue excluida de la plataforma que había de aglutinar a los conservadores locales. Los excluidos fueron aquéllos que, viendo el fin del régimen, habían optado por el reformismo para canalizar sus carreras políticas, y que se vieron apartados por los dirigentes locales de la UCD. Ignorados por la UCD local y faltos de apoyo por parte de la dirección estatal, se radicalizaron apelando al minoritario sentimiento anticatalán, dado que la UCD aún compartía postulados muy similares a los de los partidos de izquierda. A la vez, aun cuando el nacionalismo valenciano era débil políticamente, durante los primeros años de la década de 1970 consiguió que los partidos de izquierda adoptaran posiciones autonomistas, reconociendo la identidad del valenciano respecto al catalán, y usando símbolos como la señera cuatribarrada.
El conflicto estalló tras las elecciones generales españolas de 1977, las primeras democráticas tras la muerte de Franco, en las que la UCD, aún una coalición, obtuvo el 33% de los votos y 11 escaños, el PSOE el 36,3% y 13 escaños, el PCE un 9,1 % y 3 escaños, y un escaño cada uno el Partido Socialista Popular (en coalición con el PSPV), Alianza Popular y el independiente, pero posteriormente integrado en la UCD, José Miguel Ortí Bordás. Esta derrota provocó que los dirigentes de la UCD en la Comunidad Valenciana, encabezados por Emilio Attard, que pertenecían al sector más reaccionario de la derecha valenciana, tuvieran miedo de ser desplazados del poder político y planearan erradicar el predominio de la izquierda mediante las coacciones, y adoptó el anticatalanismo como estrategia de choque, atribuyendo intenciones pancatalanistas al PSOE.
[EDITAR] EVOLUCIÓN DE LOS HECHOS
José María Adán García un grupo de procuradores valencianos a Cortes y Consejeros Nacionales del Movimiento, presentaron un escrito el 12 de agosto de 1976 en el que solicitaban la autonomía económica, administrativa y cultural de la región valenciana y que recogía las moderadas aspiraciones de Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Federación de Sociedades Musicales, la Cámara Oficial de Comercio de València, el Instituto Valenciano de Economía, el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Movimiento, las diputaciones provinciales de Valencia, Alicante y Castellón (que elaboraron una declaración conjunta reclamando la creación de una "Mancomunidad Regional de Servicios") y asociaciones políticas como la Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales (ANEPA), el Frente Nacional Español, Unión Nacional y Unión del Pueblo Español (UDPE), una mezcla de tradicionalistas, conservadores y reformistas.
La petición de los procuradores, entre los cuales se encontraban el alcalde de Valencia, Miguel Ramón Izquierdo, Pedro Zaragoza, o José Antonio Perelló Morales, se había presentado cuatro meses antes1 de la constitución de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià (Mesa de Fuerzas Políticas y Sindicales del País Valenciano), que reunía a los partidos de izquierda y nacionalistas enfrentados al régimen, y que propusieron poner en marcha un proceso autonómico similar al que se seguía e Cataluña y el País Vasco.
Simultáneamente, se constituyó la UCD valenciana, a partir del Partido Popular Regional Valenciano de Emilio Attard, formado por políticos vinculados al Movimiento Nacional, y arrinconando los reformistas como Esteban Rodrigo de Fénech, Pedro Zaragoza o José María Adán García. Algunos de estos sectores, excluidos de UCD, como el alcalde de Valencia, Miguel Ramón Izquierdo, o el presidente de la Diputación, Ignacio Carrau, fundarían la Unión Regional Valenciana (URV) en 1978, intentando blanquear su pasado franquista presentándose como salvadores del pueblo valenciano enfrente de una supuesta invasión catalana.
En las elecciones de 1977, sin embargo, la UCD fue derrotada en Valencia. Poco después se constituyó la Asamblea de Parlamentarios del País Valenciano, agrupando a los diputados y senadores elegidos en las tres provincias. Contaba con 41 miembros, de los cuales 26 eran de izquierdas (21 del PSOE, 3 del PCE y 2 del PSP). Attard encargó a Fernando Abril Martorell, hombre de confianza de Adolfo Suárez, y a Manuel Broseta, una nueva estrategia para ganar las elecciones municipales y generales de 1979 y condicionar el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía. Attard eliminó del partido a los miembros liberales como Francisco de Paula Burguera, José Antonio Noguera de Roig y Joaquín Muñoz Peirats y asumió los postulados anticatalanistas. Para expandirse popularmente se valieron del diario Las Provincias, dirigido por María Consuelo Reyna, del movimiento fallero y del Valencia C.F., así como de filósofos e intelectuales como Juan Ferrando Badía y Gustavo Villapalos y el apoyo logístico del gobernador civil José María Fernández del Río.2
[EDITAR] CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS3
• 1976 (abril). El sacerdote mallorquín Pere Riutort, presidente de la Comisión Interdiocesana de Liturgia de la Provincia Eclesiástica Valentina (organismo responsable de la edición en lengua vernácula de los textos religiosos) y que oponía a los partidarios del secesionismo lingüístico (había dirigido la edición del Llibre del Poble de Déu en 1975, recopilación de textos litúrgicos adaptada a las variantes valencianas, acusado de "catalanizado"), es agredido físicamente por instigación de Ramón Pascual Lainosa, presidente de la Junta Central Fallera.
• 1976 (12 de julio). Manifestación convocada por la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals del País Valencià, con el lema "Per la llibertat, per l'amnistía, per l'Estatut d'Autonomía, per el Sindicat Obrer".
• 1976 (julio). Estalla una bomba en el estadio del Levante U.D. la noche antes del Encuentro de los Pueblos (Trobada dels Pobles).
• 1976 (5 de agosto). Bomba en la librería La Araña.
• 1976 (12 de noviembre). El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, una profesora y un bedel son agredidos en la Universidad de Valencia.
• 1976 (29 de noviembre). La policía carga contra los portadores de señeras.

• 1977 (7 de agosto). Se constituye la Asamblea de Parlamentarios del País Valenciano.
• 1977 (9 de octubre). Primera celebración del Día Nacional del País Valenciano, con una multitudinaria manifestación en Valencia. Insultos a los parlamentarios en la procesión de la señera municipal, y ataque a la Casa de Cataluña.

• 1978 (3 de febrero). Boicot de los blaveros al coloquio en el Ateneo Mercantil de Valencia sobre autonomía e iglesia valenciana
• 1978 (23 de febrero). Aparece el periódico Som, órgano del Grupo de Acción Valencianista, grupo violente vinculado al blaverismo.
• 1978 (13 de marzo). Irrupción de activistas blaveros en el Palacio de Benicarló, donde se reúne la Asamblea de Parlamentarios.
• 1978 (17 de marzo). El gobierno español aprueba el régimen preautonómico valenciano, instituyendo el Consejo del País Valenciano.4
• 1978 (10 de abril). Incidentes en una concentración de elementos blaveros y de Fuerza Nueva durante la constitución del Consejo del País Valenciano. Los consejeros eligen, por unanimidad, a José Luis Albiñana (PSPV-PSOE) como presidente.
• 1978 (mayo). Ignacio Carrau encabeza una manifestación en desagravio a Jaime I, convocada por URV, GAV, AP y Fuerza Nueva. Acaba con ataques a la sede regional de TVE en la Comunidad Valencianao y a la casa de Manuel Sanchís Guarner.
• 1978 (3 de junio). Se aprueba el reglamento de régimen interior del Consejo del País Valenciano.5
• 1978 (septiembre). Manifestaciones violentas de forofos ultras en partidos de fútbol del Valencia C.F.
• 1978 (8 de octubre). Los partidos políticos valencianos firman el Compromiso Autonómico, reclamando la autonomía. Bomba contra la Aplec del País Valencià.
• 1978 (17 de octubre). Envían un paquete bomba a la casa de Joan Fuster, que provoca estragos.
• 1978 (26 de octubre). Grupos blaveros intentan asaltar el Palau de la Generalitat Valenciana, e insultan el presidente, José Luis Albiñana.
• 1978 (4 de diciembre). Paquete bomba contra Manuel Sanchís Guarner que provoca estragos.

• 1979 (abril). Tal como preveía el decreto de creación del Consejo del País Valenciano, se modifica el número de consejeros. Los doce representantes elegidos entre los parlamentarios (diputados y senadores, entre los que la izquierda tenía mayoría) se reducen a nueve, en tanto que los representantes de las diputaciones provinciales pasan de tres a nueve, tres por cada provincia. Debido a los resultados de las últimas elecciones municipales, que dieron la mayoría en las diputaciones provinciales a la UCD,6 esta alcanza también la mayoría en el Consejo (diez de los dieciocho miembros).
• 1979 (23 y 26 de abril). El Consejo decide adoptar como bandera la señera cuatribarrada. A la sesión del Consejo no asistió la UCD, que rechazó la decisión y la calificó de ilegal al no haber alcanzado el quorum necesario, fijado por el reglamento de régimen interior en ocho consejeros (sólo asistieron siete).7 Bombas contra los domicilios de José Luis Albiñana y Fernando Martínez Castellano, alcalde electo de Valencia, también del PSPV-PSOE. Insultos a Albiñana en el aeropuerto, asaltos a las Consejerías de Cultura y Trabajo, señeras retiradas por incontrolados.
• 1979 (3 de septiembre). José Luis Albiñana y Manuel Girona, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, agredidos en Quart de Poblet cuando asistían al pleno para pedir autonomía según el artículo 151 de la Constitución española de 1978 (vía rápida).
• 1979 (28 de septiembre). Alfons Cucó, senador por el PSPV-PSOE, interpela al gobierno sobre el clima de violencia en Valencia, reclamando la destitución del gobernador civil de Valencia.8
• 1979 (6 de octubre). Multitudinaria manifestación en Valencia contra la bandera cuatribarrada.9
• 1979 (9 de octubre). El alcalde de Valencia, Ricardo Pérez Casado, el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Girona, socialistas; autoridades académicas y miembros de la corporación municipal son agredidos por grupos blaveros durante la procesión cívica entre el ayuntamiento y la estatua del rey Jaime I para acompañar a la bandera de la ciudad.10
• 1979 (medianos octubre). Ataques a las sedes del PCPV y del Sindicato Libre de la Marina Mercante.
• 1979 (23 de diciembre). Ante el bloqueo que sufre el Consejo del País Valenciano (fruto de la mayoría de la UCD en el pleno del Consejo tras las últimas elecciones) los consejeros socialistas se retiran, dimitiendo José Luis Albiñana y asumiendo Enrique Monsonís (UCD) como presidente provisional.11 12

• 1980 (enero). La señera de la Diputación es quemada dos veces.
• 1980 (junio). Juicio contra Pascual Martín Villalba (GAV), quien acusó a Sanchis Guarner de ponerse él mismo la bomba.
• 1980 (10 de julio). Blaveros amenazan a Manuel Girona a la puerta de la Diputación de Valencia.
• 1980 (otoño). Agresión a Josep Guía y su familia.
• 1980 (noviembre). Es ametrallado el bar El Sifón, en la calle del Mar de Valencia
• 1981 (mayo). Explosión de un artefacto ante de la sede del PCPV en Alicante.
• 1981 (11 de septiembre). Nueva bomba en la casa de Joan Fuster.
• 1981 (14 de septiembre). Remodelación del Consejo del País Valenciano. Vuelven los consejeros del PSPV-PSOE y Monsonís es formalmente elegido presidente.
[EDITAR] CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
Pese a las coacciones y violencia mediática, en las elecciones generales españolas de 1979 la UCD obtuvo sólo dos diputados (uno si se considera a Ortí Bordás, integrado en UCD) y tres senadores más, empatando con el PSPV-PSOE a 19 parlamentarios. Sin embargo, los tres diputados del PCPV hacían que la izquierda siguiera siendo mayoritaria en la Asamblea de Parlamentarios. Sin embargo, parte de los miembros del Consejo del País Valenciano debían ser elegidos por las diputaciones provinciales, constituidas tras las elecciones municipales del mismo año. Considerando estos nuevos miembros, la UCD tenía mayoría en el Consejo y planteó una moción de censura contra Albiñana en diciembre de 1979, ante lo cual tuvo que dimitir. La agitación y la violencia en la calle determinaron en buena medida las negociaciones que mantenían las fuerzas políticas valencianas para redactar el Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en 1982 merced un pacto entre Alfonso Guerra, Fernando Abril Martorell y Emilio Attard por la vía dispuesta en el artículo 143 de la Constitución, en lugar de la del artículo 151. Se cambió la señera cuatribarrada de la Corona de Aragón (oficial entre 1978 y 1980, con el escudo del Consejo en medio) por la señera de la ciudad de Valencia (con franja azul), se adoptó el nombre de Comunidad Valenciana en vez de País Valenciano y le dio categoría de lengua al valenciano (sin denominarlo catalán).
El derrumbe definitivo de la UCD como partido en 1981, la victoria del PSOE en las generales de 1982, la aprobación del estatuto de autonomía y las primeras elecciones a las Cortes Valencianas de 1983, en las que Unión Valenciana (sucesora de URV) obtuvo representación parlamentaria, provocaron que el blaverismo entrara en la vía institucional y abandonara los actos de violencia directa. Por otra parte, el partido vencedor en las elecciones autonómicas, el PSPV-PSOE, mantuvo toda la simbología pactada, aunque defendió las Normas de Castellón como oficiales para introducir la lengua en las escuelas.
[EDITAR] REFERENCIAS
1. ↑ La clave de la 'batalla de Valencia', reportaje de El País, 19 de febrero de 2007.
2. ↑ Antiblavers | Main / El blaverisme a la transició
3. ↑ Manel Martí La transició al País Valencià dossier publicado en L'Avenç, núm 124, mayo de 1997
4. ↑ Real Decreto-Ley 10/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico del País Valenciano.
5. ↑ Decreto por el que se publica el Reglamento de Régimen Interior del Consell del País Valenciano
6. ↑ La victoria de la izquierda no alcanza a las diputaciones, El País, 5 de abril de 1979.
7. ↑ El Consejo del País Valenciano adopta la bandera cuatribarrada, El País, 26 de abril de 1979.
8. ↑ http://www.senado.es/legis1/publicaciones/pdf/senado/ds/PS0034.PDF
9. ↑ Manifestación contra la bandera del Consell, El País, 7 de octubre de 1979.
10. ↑ Violencia "ultra" en la conmemoracion de la "Diada" valenciana", El País, 10 de octubre de 1979.
11. ↑ José Luis Albiñana, principal perdedor en la en crisis del Consejo, El País, 20 de noviembre de 1979.
12. ↑ Dimite Albiñana tras la retirada del PSOE del Consell, El País, 23 de noviembre de 1979.
[EDITAR] BIBLIOGRAFÍA
• Manel Martí, La transició al País Valencià dossier en L'Avenç, núm 124, mayo de 1997.
• Eduard Mira, De impura natione: el valencianisme, un joc de poder, Eliseu Climent Editor, 1986
• Benito Sanz y Josep Maria Felip. La construcción política de la Comunidad Valenciana, Institución Alfons El Magnànim, 2007.
[EDITAR] ENLACES EXTERNOS
• El largo camino hacia la Autonomía Valenciana, por Vicente Ruiz Monrabal, antiguo líder de la Unió Democràtica del País Valencià
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Valencia"
Categorías: Historia de la Comunidad Valenciana | Política de la Comunidad Valenciana



ESCRITO EN 2007 EN www.lagrancorrupcion.com


2004. CÁRCEL DE CAN BRIANS
o la Gran Corrupción a nivel cutre…pero peligrosísima…

Por Rafael del Barco Carreras

El remate de mi condena por las letras a los bancos entre 1983-86.
Me inicio en el Módulo UNO. De entrada todo tipo de trapicheo con drogas y pastillas, y de gran financiero, repitiendo fórmulas de La Modelo, el del economato, de empresa concesionaria, prestando un paquete de tabaco por dos y garantía la tarjeta de compra retenida. Los funcionarios lo saben, pero unos cuantos almuerzan gratis, y el empleado externo del economato se forra con la heroína y las pastillas, hasta que una familia les denuncia agobiada por la presión en el pago.
La gran broma, que los mismos funcionarios que almorzaban gratis se rompían las vestiduras porque un preso por “estafa”, yo, impartiera “clases” de “economía”, y a menudo se negaran a abrirle la puerta de la celda para acudir a la “charla”.
¡Anécdotas!. Lo importante son las CONCESIONES, y no solo al “caso especial” Javier de la Rosa, concediéndole terceros grados uno tras otro, denegándolos el juez de vigilancia penitenciaria, hasta refrendarlo por “arrepentimiento”. Al “caso especial” se unen otros “más especiales”, muy especiales, gente de CIU, o amigos de gente de CIU, o pagando, de lo contrario es incomprensible, sale de permiso diario, una concesión legal del Director, revalidada por la Dirección General, porque los jueces le niegan la sección abierta, y las horas para entierros, salidas al hospital, etc., se convierten en un gracioso “ir y venir”. O permisos y “salidas programadas” con complicadas condenas, que no regresarán. Y ¡no paran!, en el 2006 repiten cuento con Piqué Vidal. Da igual que gobiernen los de CIU o los del PSC- PSOE.
A diferencia de las 600.000 pesetas de tarifa por un tercer grado en los años 80, ahora con la burocracia y cientos de “técnicos” el precio se multiplica. Un abogado especialista en Penitenciario, caso Pilar Pato, por los 80, jefe y único “técnico” del Departamento Técnico de La Modelo, de la que yo fui “ordenanza”, cobra de “entrada” en 2004 dos millones de pesetas…sin garantías, por si se opone la Fiscalía, que en el 86 la acusó por sus “trapicheos” en La Modelo, perdiendo en la Audiencia (se expulsó a un médico). Nunca entendí su enfado al equivocarme en una antefirma, “El Letrado Jefe” o “El Abogado Jefe”… tiene su matiz, pero además, entonces, ni siquiera era abogado.
Pero hay mucho más. Cursos de informática, ofimática, que paga Bruselas donde de los veinte asistentes, en realidad tres, incluido yo, nutridos con analfabetos en castellano y mucho más en catalán…que firman asistencias…
El CIRE, trabajos penitenciarios, desde que se constituyó después del traspaso de las competencias carcelarias a la Generalitat las ganancias a los presos han disminuido tanto que alcanzar para el tabaco ya es un milagro. Y como el NUEVO CODIGO ha suprimido la redención por trabajo, los “técnicos” han ideado un sutil sistema para obligar (cargándose el gran logro progresista de la abolición de los “trabajos forzados”) bajo pena de no progresar hacía las ARBITRARIAS concesiones de permisos y tercer grado. Un proceso que PUDRE EL ALMA, almacenando más locura y agresividad, y ¡así salen!. ARBITRARIEDAD igual a CORRUPCIÓN, y si los “técnicos”, juristas, sicólogos, educadores, asistentes sociales, psiquiatras o médicos, deben firmar porque de lo contrario no se les renuevan los contratos, se entienden los extraños expedientes de permisos y grados. Y a la par de concesiones, toda clase de problemas para la mayoría de los presos, elevando el “valor del proceso”, y así…yo salgo NUEVE días después del CUMPLIMIENTO TOTAL DE CONDENA…y encima se imprime en el formulario la fecha de cumplimiento y la de SALIDA, y el mismo juez de Vigilancia Penitenciaria que firmara el “arrepentimiento” de De la Rosa…está ausente cuando mi mujer y mi abogado reclaman con insistencia mi legal libertad.
Generalitat de Cataluña. Departamento de Justicia…Certificado de libertad definitiva…Fecha de licenciamiento definitivo 19/10/2004…FECHA DE SALIDA AL PIE DEL CERTIFICADO, 28 de octubre de 2004. Juez de vigilancia penitenciaria DON LUIS ALBIÑANA OLMOS. ¡De viaje!
Y lo denuncio en mis artículos en EL TRIANGLE y me cortan los artículos… y ahora en Internet, hasta que me corten la LUZ, que en Cataluña ¡todo puede suceder!
Ver autos y sentencias en www.lagrancorrupcion.com

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